La Defensoría del Pueblo calificó de “esclavitud moderna” las irregularidades denunciadas por una asociación de trabajadores de esta empresa dedicada a la plantación de abacá.
Su Gerente, Marcelo Almeida, informó que la empresa funciona desde hace 55 años y que, según indica, ha cumplido sus obligaciones laborales, tributarias y comerciales.
El ministerio de Trabajo, este 19 de febrero dispuso el cierre de la empresa porque identificó pagos inferiores respecto a la remuneración básica unificada a sus empleados, intermediación, condiciones de trabajo infrahumanas, trabajo infantil, insalubridad, riesgo laboral, falta de entrega de ropa y herramientas de trabajo, accidentes laborales, entre otros.
Almeida anunció que respetarán esta decisión, que durará “hasta que la compañía realice las correcciones a los incumplimientos en materia de seguridad y salud del trabajo”, pero aclaró que los 198 trabajadores directos ganan salarios iguales o superiores a los legales y gozan de todos los beneficios de ley; están afiliados al seguro social, disponen de uniformes, guantes y más elementos para el desempeño seguro de sus labores.
Explican que desde hace 10 años, Furukawa optó por dar en arrendamiento sus predios rústicos e instalaciones a empresarios unipersonales en contratos, según los cuales ellos se benefician de las utilidades de la producción y asumen la responsabilidad por sus trabajadores y el buen mantenimiento de los equipos.
Se conoció, dijo, que en algunos lugares las condiciones de vida que los arrendatarios daban a sus trabajadores eran inadecuadas. Por lo que procedieron a “una mejora sustancial de los campamentos y viviendas de los empleados, a pesar de que estas obligaciones les correspondían a los arrendatarios, de acuerdo con los compromisos contractuales”
Además, mencionan que el 26 de noviembre de 2018 denunciaron en el Ministerio del Trabajo que desde hace un año está un agitador, de nombre Walter Sánchez, “ingresó ilegalmente a las plantaciones situadas en Quevedo, con el objetivo de instigar tanto a los arrendatarios como a los trabajadores, que exijan a la empresa FPC supuestas obligaciones, que son propias de los locatarios”.
Este agitador, explicó, en junio del 2018, propuso a la compañía que si le entregaba la suma de 4 millones de dólares “la dejaría en paz”. Almeida detalló que dos meses más tarde, el agitador bajó su exigencia a un millón y medio de dólares, pero los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía.
(PP)
Fuente: Furukawa, EcuadorInmediato
