La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó la mañana del jueves 12 de septiembre de 2019 las reformas al Código de la Democracia a la Asamblea Nacional, entre las que figura un nuevo sistema informático para las elecciones de 2021.
Ella se presentó en el Pleno del Legislativo para explicar los principales cambios que se proponen para mejorar la participación ciudadana, sancionar la violencia política; los delitos electorales y las sanciones para las organizaciones políticas que incumplan con las normas.
Atamaint sostuvo que esta reforma es fundamental y debe estar en vigencia en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 2021. Ella también anunció que el Consejo Electoral decidió renovar integralmente el sistema informático que se usó en las pasadas votaciones.
El organismo tomó esa decisión en respuesta a un informe de Contraloría que detectó falencias en el sistema.
De su lado, Arturo Cabrera, titular del Tribunal Contencioso Electoral, solicitó a la Asamblea entregue las herramientas indispensables para administrar justicia electoral con los niveles y estándares exigidos por la Constitución, los instrumentos internacionales y las leyes.
«Para ello, proponemos incluir un capítulo relacionado con el procedimiento contencioso electoral, porque actualmente no se cuenta con estas disposiciones y se aplica un reglamento que está totalmente fuera del contexto legal vigente, los plazos, términos y etapas que corresponden a este procedimiento, no se compadecen con los plazos previstos en el calendario electoral», dijo.
Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, subrayó que uno de los retos de los asambleístas está en reformar dos aspectos fundamentales: los distritos y el sistema de representación política.
A criterio de Fausto Camacho, del Observatorio Electoral, el Código de la Democracia vigente no cumple con los tres principios establecidos en la Constitución para los procesos electorales: la igualdad del voto, la proporcionalidad en la representación y la paridad de género.
Camacho sugirió, además, que no se exija al funcionario público que aspire a un cargo de elección popular acogerse a una licencia sin sueldo, desde la fecha de inscripción de la candidatura hasta el cierre del proceso electoral. (I)
Fuente: El Telégrafo
