El ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, afirmó este lunes 16 de septiembre de 2019 que «la información de los ecuatorianos está protegida», y descartó un ataque a la ciberseguridad del país o un ‘hackeo’ a instituciones públicas. No obstante, dijo que sí hubo una filtración de datos.
«La información (…) de todos los ecuatorianos está protegida y resguardada. No ha habido un ‘hackeo’ ni ataques a la ciberseguridad del país», remarcó. También aclaró que «no hay información bancaria en riesgo».
Michelena señaló que el 11 de septiembre de 2019 se recibió una alerta sobre posible vulneración de datos sensibles de los nacionales en un servidor ubicado en el exterior del país y a continuación, de conjunto con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), se procedió a aplicar los protocolos correspondientes para que esa información fuera bloqueada.
El ministro se refirió a la denuncia sobre una presunta filtración de información por parte de la empresa Novaestrat, en una nube de Amazon, desde un servidor en Miami.
Michelena abordó el tema en rueda de prensa conjunta con la titular de la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos (Dinardap), Lorena Naranjo, y con el viceministro de Telecomunicaciones, Marco Sancho.
Adelantó que existe una investigación penal en marcha y que en las próximas horas la ministra de Gobierno, María Paula Romo, tendrá más información al respecto.
Dijo que se trata de una empresa privada ecuatoriana que sustrajo información de «dos o tres» instituciones públicas, presumiblemente a cargo de exfuncionarios públicos del Gobierno anterior que trabajaron en el sistema de información nacional creado por la administración de Rafael Correa.
«Esperamos que sean detenidos los ecuatorianos que han trabajado o negociado bases de datos públicas y que han sido sustraídas desde las propias instituciones», aseveró. En este caso, los autores de esta filtración habrían infringido los artículos 178 y 179 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que implica un delito de vulneración de la privacidad.
Indicó que se trabaja con varias consultorías para crear una estrategia de ciberseguridad hasta diciembre de 2019, en particular con Israel y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
He dispuesto a los ministros @mariapaularomo y @caanmichelena que informen públicamente sobre la filtración de datos, la investigación en marcha y los responsables. Enviaré el Proyecto de Ley de #ProtecciónDeDatosPersonales que hemos estado trabajando. pic.twitter.com/lSsaxIiTci
— Lenín Moreno (@Lenin) September 16, 2019
Ley de Protección de datos
El ministro Michelena indicó, además, que en un plazo de 72 horas se remitirá a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de protección de datos personales en el cual se ha venido trabajando desde la cartera de Telecomunicaciones en los últimos 8 meses y que ya estaba en la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Al respecto, la directora de la Dinardap dijo que desde el Ejecutivo se ha solicitado que este sea uno de los proyectos prioritarios del órgano legislativo ecuatoriano en el actual período.
«Este es un ejemplo claro de la necesidad de efectivizar un derecho que nuestra Constitución reconoce desde 2008: el derecho a la protección de datos personales», dijo Naranjo.
Precisó que la seguridad uno de los varios factores precautelados, sin embargo, como en este «trágico suceso» hay quienes hacen caso omiso a las normas y ponen en riesgo a la ciudadanía.
La funcionaria señaló que existe un ciclo de vida de las contraseñas que deben seguir los ‘ciudadanos digitales’ para la protección de sus datos personales en las redes. También pidió a los medios de comunicación hacer campañas sobre la cultura de la seguridad y la protección de datos, así como a evitar exponer demasiada información personal.
En tanto, el viceministro Sancho dijo que concretamente en este caso se trata de una empresa privada que tenía información alojada en otra impresa privada fuera del país.
Señaló que la estrategia gubernamental de seguridad de la información implica la definición de políticas que deben ser implementadas por cada una de las entidades del Estado, incluso se establecen los responsables del manejo, control y seguimiento de dichas políticas. (I)
Fuente: Medios Públicos
