La Contraloría General del Estado recupera progresivamente sus capacidades institucionales, luego de que dos de sus edificios de la sede matriz fueran incendiados durante el paro nacional.
Este lunes, 21 de octubre del 2019, Pablo Celi, titular de la entidad, adelantó que se inició un proceso de control al uso de los recursos públicos de la Prefectura de Pichincha. Durante los 11 días de paro, autoridades del Gobierno señalaron a esa entidad por presuntamente facilitar vehículos institucionales para el cierre de vías en Quito.
Además, Celi aseguró que en los próximos días se darán a conocer los resultados de nuevos exámenes especiales. Por ahora, la Contraloría adoptó medidas para recuperar los soportes informáticos y la restauración documental.
En esa línea, el Data Center del organismo fue trasladado a otro sitio y ya se encuentra operativo. La web institucional de la Contraloría, así como sus servicios, está habilitada.
Celi aseguró que el personal se encuentra trabajando en oficinas de instituciones que ofrecieron su contingente, como la Superintendencia de Bancos, donde desde este lunes opera el balcón de servicios de la Contraloría. El edificio está ubicado en la avenida 12 de octubre y Madrid.
En esas ventanillas se pueden entregar documentación de procesos institucionales. Además, en esa superintendencia se adecuó el despacho del Contralor y de los directivos del ente. Celi agradeció a la Superintendencia de Compañías, al Congope, a la Plataforma Financiera, a la Corte Nacional de Justicia, a la Universidad Andina, a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, instituciones que han ofrecido sus instalaciones para que sigan operando las distintas unidades de la Contraloría.
Además, manifestó que Inmobilar entregará dos edificios para unificar las operaciones de la institución, de forma permanente. Celi aseguró que el Cuerpo de Bomberos y otras entidades levantan un informe sobre los daños del edificio matriz, que fue incendiado el sábado 12 de octubre. Agregó que por ahora no se tiene un montón cuantificado sobre los daños al predio. Confirmó que ese acto vandálico es objeto de una investigación de parte de la Fiscalía.
Además, el Contralor se refirió al acuerdo de suspensión de plazos, que tiene como objetivo precautelar el debido proceso y garantizar a los auditados el derecho a la defensa. «Teniendo en cuenta que la institución estuvo paralizada y afectada de manera integral, decidimos establecer suspensión de plazos, respecto de solicitudes de documentación en curso de auditorías».
La medida abarca a contestaciones a comunicaciones provisionales de resultados, observaciones a borradores de informes, contestación de predeterminaciones, solicitudes de reconsideración e interposición de recursos de revisión. Celi no especificó cuántos procesos quedaron momentáneamente suspendidos.
El funcionario indicó que conforme avance el proceso de restauración de los sistemas, progresivamente se irán regulando los plazos. Celi dijo que el ataque a la Contraloría tuvo como propósito «paralizar al organismo, sustraer y destruir documentos, afectar sistemas operativos y destruir la infraestructura laboral».
Sobre la información destruida, dijo que se llevan adelante procedimientos técnicos para evaluar la documentación afectada y avanzar en su restitución.
Al finalizar la conferencia de prensa, Celi señaló que la Contraloría no está paralizada y que quienes atentaron contra le entidad no lograron su cometido.
Fuente: Diario EL COMERCIO