Ponerle fin a los subsidios y establecer una tarifa que permita a la Cámara de Transporte asumir el costo de la media tarifa es la propuesta del Sindicato de Choferes al distanciamiento entre las compañías de bus urbano y el Municipio.
Esta propuesta nace luego de que un examen de Contraloría señaló como injustificado el pagó de cerca de 5 millones de dólares desde el Municipio a la Cámara de Transporte para subsidiar el cobro de la media tarifa a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
El secretario general del Sindicato, Mesías Vicuña, sostuvo que los subsidios han resultado ineficientes “porque el Estado no tiene plata para pagar y se generan peleas innecesarias”.
Acotó que con una tarifa adecuada los propietarios de bus podrán asumir este costo, y para que el alza no sea mayor, propone que se gestione la eliminación de impuestos a llantas, repuestos y aceites para el gremio.
La Cámara de Transporte y el Municipio rompieron el diálogo la anterior semana debido que, según el director de Gestión de la Movilidad, Guilherme Chalhoub, no se puede continuar pagando el subsidio hasta que la Contraloría diga lo contrario.
Reacciones
En tanto, la Cámara de Transporte se defiende de lo expuesto en el examen de Contraloría y aduce que los pagos hechos por el Municipio desde 2016 se enmarcaron en la ley.
Rubén Calle, asesor legal del gremio, indica que lo que hizo el Municipio es asumir el pago que venía haciendo el Gobierno Nacional como subsidio a la media tarifa, que era de 600 dólares al mes por cada unidad.
Asegura que el sector privado no es el llamado a subvencionar la media tarifa por lo que ese dinero debe venir desde lo público.
El abogado acotó que la Cámara cumplió con los requisitos requeridos por el Municipio para el pago, que además correspondía a la devolución de lo ya invertido en el subsidio.
Añadió que este dinero permitió mejorar la flota y comprar buses equipados para personas con discapacidad.
Reconoce que el pago se hizo con base a una proyección ya que no se contó con estudios técnicos pues estos requerían tiempo y era difícil contabilizar el número de pasajeros de grupos de atención prioritaria ya que en 2016 se pagaba con tarjetas y monedas.
El exalcalde Marcelo Cabrera también se pronunció sobre la resolución tomada en su administración, calificada como injustificada por la Contraloría.
De acuerdo con Cabrera, el Municipio asumió una responsabilidad de la que el Gobierno Nacional se deslindó sin ofrecer alternativas, pues el Ejecutivo ya pagaba una compensación a los transportistas por la media tarifa.
El exalcalde recordó que la decisión no la tomó personalmente ya que obedeció a una resolución del Concejo Cantonal, y adujo que siempre se pensó en el bienestar de los grupos de atención prioritaria de la ciudad.
Fuente: El Mercurio
