Fiscalía denuncia injerencia de la Secretaría Anticorrupción en sus competencias

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La fiscal general Diana Salazar emitió un oficio con fecha 6 de mayo al presidente Lenín Moreno en el que cuestiona el trabajo de la Secretaría Anticorrupción en los hechos de corrupción que han sido noticia en los últimos días en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Según el documento, desde la Fiscalía General del Estado “se ha habilitado todo el aparataje” para que se inicien de oficio las investigaciones relacionadas con actos de corrupción derivados de la contratación pública en el estado de excepción.

La Fiscalía asegura que esas investigaciones “se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales”.

“Este accionar causa preocupación”, añade el oficio. La fiscal sostiene que las acciones de la Secretaría “lejos de coadyuvar con la investigación penal alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia”.

Con ese antecedente, pide revisar las funciones y atribuciones que le corresponden a cada institución en el accionar contra la corrupción.

La fiscal agrega que “las actuaciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias que Fiscalía General del Estado posee constitucionalmente, por lo tanto, resulta preocupante las actuaciones que se han venido realizando por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción, a través de su titular, el señor José De La Gasca…”

La fiscal concluye la carta recordando que “ya existen instituciones públicas creadas por la Constitución y la ley, que vienen combatiendo la corrupción de manera técnica y jurídica, cada una dentro del marco de sus competencias como son: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Contraloría General del Estado”.

Razón por la que solicita el Ejecutivo que analice “si es beneficioso para el país, financiar a una institución pública, cuyas atribuciones ya se encuentran debidamente determinadas e implementadas por otras instituciones, como es el caso de la Fiscalía General del Estado, como única titular de la acción penal”.

El Gobierno nacional creó la Secretaría Anticorrupción, adscrita a la Presidencia de la República, en febrero del 2019. Su primer titular fue Iván Granda, actual ministro de Inclusión Económica y Social, quien en ese momento se desempeñaba como concejal de Cuenca.

En octubre de ese mismo año, Granda dejó la Secretaría para asumir el MIES. Le sucedió la también exconcejal cuencana Dora Ordóñez, quien se desempeñaba como subsecretaria de la entidad. Ella renunció tres meses después, en enero del 2020.

Fuente: El Mercurio