Por medio de correo electrónico, Tatiana (nombre protegido) -relata- pidió a las autoridades del colegio, en donde estudia su hija, un descuento adicional al ofrecido de forma general. Adjuntó dos roles de pago: uno de USD 46 y otro de cero. “Mi mayor ganancia es mi comisión, al no generar ventas, no recibo nada”.
Su pedido, tras cinco meses de la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el covid-19, -subraya la madre- no fue acogido. Junto con otros padres organizaron plantones. No quedaron conformes con las clases por Zoom. Así finalizó el segundo quimestre del ciclo anterior. “Fueron una o dos horas diarias de clases”, recuerda Tatiana, quien dice haber usado sus ahorros en pagar las pensiones a tiempo.
No sabe cómo costear la matrícula y las mensualidades del año que empezará el 1 de septiembre. En su artículo 3, la Ley de Apoyo Humanitario establece que los planteles deben otorgar rebajas de hasta el 25% a los representantes de alumnos que justifiquen una reducción de sus ingresos. En centros de Quito, como el Santo Domingo de Guzmán, todos recibieron un descuento del 10% en la pensión.
Martha Gallo, vicerrectora, dice que los padres que perdieron el trabajo debido a la crisis nacional pagarán 25% menos. Para eso -detalló Gallo- deberán presentar la carta de finiquito y la salida del IESS al departamento de trabajo social del plantel católico de Quito. La Cartera de Educación -apunta la vicerrectora- debería informar a los padres, de forma precisa, cuánto tienen que cancelar.
“Nos piden que se les cobre el 65% de la última pensión; entendieron mal lo que es la modalidad abierta, el Ministerio les confunde”. A través del Acuerdo Ministerial 00038-A, se reguló la implementación de la educación abierta, que incluye las modalidades virtual y en línea. En el documento consta que en esos casos deberán pagar el 65% de la última pensión autorizada.
Eso -ha aclarado el Ministerio- no implica que todos los planteles privados deban cobrar ese valor. Solo aquellos que soliciten ampliar su oferta presencial, para brindar educación abierta, incluso tras superar la pandemia. Esta normativa, emitida a fines de julio, no regula la modalidad ni el valor de las pensiones, que debieran implementarse mientras no sea posible acudir a clases presenciales.
La ministra Monserrat Creamer ha dicho que los padres y los colegios deben llegar a acuerdos. Y que, en todo caso, hay una gama de opciones en el sistema privado, con pensiones desde USD 3 hasta 1 000. También que están listos para recibir a los alumnos de los particulares en los fiscales. “Es preocupante que no se pueda llegar a acuerdos para que los niños no tengan que abandonar su institución, sostuvo Creamer ante la Mesa de Educación de la Asamblea, el miércoles 5 de agoa.
Y precisó que 51 312 estudiantes han migrado del sistema particular al fiscal, en Sierra y Amazonía, al momento. Es el 15% del total del sector. En la Costa fueron 115 324. “Lo que está viniendo es el cierre de las escuelas particulares. En la Ley Humanitaria también se indica que cuando no se cancelen hasta seis meses de pensiones y las partes no logren un convenio, el Estado garantiza un cupo.
Los padres -dice Vinicio Aldaz, de Corpeducar, otro gremio de planteles privados- tienen la libertad de retirar a sus hijos. Eso -anota- los pone en una situación difícil, ya que mantienen una cartera vencida entre el 15 y 22% de alumnos. Sus pensiones van desde los USD 400 hasta más de 600. El Colegio ISM decidió ofrecer la modalidad en línea de forma permanente. De momento es el único que se encuentra en el proceso de regularización (presentación de requisitos), dijo Karen Mejía, presidenta de Federación de Colegios Particulares (Fedepal), que agrupa a 83 instituciones de Sierra y Amazonía.
La mayoría -confirmó Mejía- continuarán con la modalidad ordinaria presencial, que se ha ejecutado por medios virtuales debido a la pandemia. El 4% de los planteles del gremio recién analiza la posibilidad de ofrecer o no educación abierta o en casa (homeschooling). Más allá del pedido de que las clases no sean presenciales, para evitar el covid-19, padres de colegios como el Saint Dominic y el Hermano Miguel La Salle también se han organizado para protestar por la pensión.
En el Spellman Femenino planean acciones similares. A Cristina (nombre protegido), madre del Saint Dominique, le parece que el costo de la pensión no compensa el sistema virtual, en el que su hijo de básica elemental tendrá clases. “Debemos comprar libros y aumentar la banda de Internet. Y terminamos siendo profesores de nuestros hijos”.
La Confedec agrupa a 1 169 centros católicos particulares y fiscomisionales del país. Su pensión promedio es de USD 60, según su presidente, Rómulo López. “Van de 0 a 350”. López afirma que los planteles están abiertos al diálogo, “única vía de acuerdo”. Pero pide tomar en cuenta todo lo que implica una clase en línea.
En contexto el viernes 13 de marzo se suspendieron las clases presenciales en los planteles educativos de Sierra y Amazonía. Doce días antes, el 29 de febrero, se anunció el primer caso de covid-19 en Ecuador. En el segundo quimestre no hubo clases presenciales.
Fuente: Diario EL COMERCIO
