El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el Fondo de Promoción Electoral para la propaganda de los candidatos que participarán en las elecciones generales del 2021, pero se arrastra una deuda con los medios de comunicación de cinco campañas pasadas que superan los $31 millones.
La proyección del Fondo de Promoción Electoral (FPE) es de $20 327 773. En un inicio, el monto era de $42 843 018, y se redujo a $22 515 245 por la crítica situación económica que atraviesa el país.
De acuerdo con el Código de la Democracia, el fondo «no puede superar el 15 % del máximo de gasto electoral establecido para una dignidad, con excepción del presupuesto de los binomios presidenciales que no debe exceder el 12 % del máximo del gasto calculado para la primera vuelta, y el 40 % para la segunda vuelta; en el caso de los asambleístas del exterior no debe superar el 45 % del máximo del gasto».
El Estado asigna este valor a través del CNE para financiar la propaganda en los medios en los 45 días de campaña. Los candidatos y organizaciones políticas están impedidos de pagar estos espacios por su propia cuenta.
Su valor cambió en este proceso debido a las reformas al Código que aprobó el Legislativo en febrero pasado. En las elecciones similares del 2017, el fondo fue de $24 058 693, y se lo obtenía de la multiplicación de $0,15 centavos por el número de electores para los binomios presidenciales, asambleístas nacionales y provinciales. Para parlamentarios andinos se multiplicaba por $0,05 centavos; y, para asambleístas del exterior por $0, 30 centavos.
A las puertas de los próximos comicios, hay intranquilidad entre las organizaciones políticas ya que el Estado adeuda a los medios de comunicación $31 356 705.
De los comicios generales del 2017 se debe $2 477 145, y de la segunda vuelta, $276 317; de la consulta popular sobre paraísos fiscales, $134 757; del referéndum y consulta popular del 2018, $297 908; y, de las seccionales del 2019, $28 170 577.
En el tercer consejo consultivo entre el CNE y las organizaciones políticas se informó que el Ministerio de Finanzas elaboró un instructivo para proceder con los pagos; a la par que la presidenta, Diana Atamaint, reconoció que están preocupados de seguir generando más deuda.
«Esto nos complica para poder pautar la nueva propaganda, porque seguramente habrá medios que no nos reciban», expresó Cecilia Velasque, subcoordinadora del movimiento Pachakutik (PK).
Enrique Ayala Mora, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, opinó que podría sumarse otra deuda y «conspirar en contra de la democracia porque habrá medios que no puedan seguir fiando».
El consejero José Cabrera mencionó en una sesión pasada que medios provinciales le comentaron que «será imposible colaborar en estos comicios porque desde el 2019 no se les paga».
El precandidato presidencial de CREO, Guillermo Lasso, dijo días atrás que él renunciaba a este fondo por las necesidades económicas del país. Atamaint advirtió que esa decisión debe replantearse porque si renuncia su propaganda no se difundirá en los medios.
Para aprobar el FPE para el sufragio de febrero del 2021, se hizo un análisis del estado de la economía nacional y se consideró que debía reducirse el 47,9 % del máximo del gasto electoral.
En detalle: del 12 % del máximo del gasto electoral para cada lista de los binomios presidenciales, se asignará solo el 5, 78 % es decir, $301 175. Si hay segunda vuelta, el tope será del 19,2 %, lo que equivale a $401 567.
Para los parlamentarios andinos, se asignará el 7,2 % que implica $94 117; al igual que a los asambleístas nacionales $282 352, para los asambleístas provinciales $14 728. Y para los asambleístas en el exterior, cuyo límite máximo es del 45 %, se asignará el 21,6%, equivalente a $32 725.
Estas son estimaciones, pues dependerá del número de candidatos que finalmente participen y también de las alianzas electorales que constituyan las organizaciones políticas.
Sobre esto, el Código establece que las alianzas recibirán el 20 % adicional al monto asignado para promoción electoral por cada organización política participante. Y corresponderá solo cuando sean entre agrupaciones del mismo nivel territorial, de acuerdo con cada tipo de candidatura.
La propuesta la presentaron los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita, y se adoptó con el voto de Atamaint.
La consejera Esthela Acero exigió «una reducción significativa» y votó en contra; y Cabrera se abstuvo porque esperaba también que el porcentaje sea menor.
El CNE no solo deberá gestionar estos recursos ante Finanzas, sino también el Presupuesto Operativo Electoral (POE) para organizar las elecciones del 2021 que es de $114 317 185.
Atamaint declaró que en los próximos días enviarán al Ejecutivo su requerimiento que esperan se entregue, pues están con los «tiempos justos» para llevar a cabo las actividades electorales.
No obstante, los análisis internos del Consejo evidencian que además del POE, el Fondo de Promoción Electoral, y la deuda a los medios de comunicación, existe otro valor pendiente de pago como es el incentivo a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto.
La suma es de $2 085 640 de las elecciones del 2017 en su primera y segunda vuelta, del 2018 y del 2019.
Por lo que en total, el organismo electoral necesita de $168 087 303 para cubrir el proceso en curso, y las deudas. (I)
Dos debates antes de elecciones
Por primera vez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estará obligado a realizar dos debates con los candidatos a la Presidencia de la República que deberán ser transmitidos por los medios de comunicación.
El artículo 202.1 de la norma explica que en estos espacios los candidatos contrastarán sus programas de gobierno y propuestas, sometiéndose al cuestionamiento de sus rivales, moderadores y ciudadanía.
El CNE deberá realizarlos en la primera y segunda vuelta. Cada uno se hará tres semanas antes del día señalado para cada elección.
Para las elecciones generales del 2021, el costo que se destinará para su implementación es de $305 798 en total, si se llegase a dar una segunda vuelta.
Si uno de los candidatos no asiste a estos debates que serán obligatorios, el espacio físico que se le había asignado permanecerá vacío para evidenciar su ausencia. La transmisión del programa será en directo y reproducido en la franja horaria gratuita por todos los medios de comunicación social de radio y televisión.
La transmisión deberá contar con mecanismos de accesibilidad como lenguaje de señas o subtítulos; y se suspenderá la publicidad electoral y los asuntos públicos de actos de Gobierno.
Fuente: El Universo
