El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es en teoría un ente en el que la política está marginada. Pero con la designación de la principal autoridad de la Contraloría General del Estado se acrecentaron y se evidenciaron las disputas internas. La actuación de sus integrantes muestra muñequeos políticos, según expertos.
La crisis del Cpccs llegó a su punto más alto después de la remoción y posesión de nuevas autoridades. Hay una pugna por la presidencia de esa institución y los concursos de designación de autoridades no avanzan.
Por un lado, la expresidenta Sofía Almeida asegura ser la máxima autoridad del Cpccs. Se ampara en una medida cautelar ratificada ayer por la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Karly Vargas, que dispone dejar “sin efecto cualquier acto administrativo o actuación posterior al otorgamiento a esta medida”. Esto, luego de que otra jueza del mismo cantón revocara la medida.
Por otra parte, el nuevo presidente, Hernán Ulloa, señala que el Ministerio del Trabajo ya le reconoció como titular. Una de sus primeras acciones fue remover al equipo de Almeida.
Acción de protección
Existe una acción de protección, presentada por Ulloa, por la que ayer se llevó a cabo una audiencia. Hasta la media tarde de ayer no hubo resolución.
“La medida cautelar está encaminada a suspender cualquier tipo de vulneración en materia de derechos. Pero sin resolver el tema de fondo. En cambio, la acción de protección sí tiene que resolver el fondo”, sostuvo el constitucionalista Alex Valle, al aclarar que se puede apelar. Si el caso llega hasta la Corte Provincial de Justicia, la decisión será definitiva.
Cree que el problema del Cpccs es más político que jurídico. Lamenta los retrasos en el nombramiento de autoridades, como en el caso de la Contraloría, que a su criterio es el más importe y grave.
Contraloría, en manos del Cpccs
El reglamento para el concurso de selección de Contralor, aprobado el 18 de julio del 2021, es constantemente mencionado entre los dimes y diretes de los consejeros.
La Contraloría es un pilar fundamental porque ahí se encuentra información sobre glosas e incumplimientos de contratos tanto del sector público como privado. “Como piedra angular, ese concurso debe ser muy transparente, sin ningún tipo de direccionamiento”, expresó Valle.
Según el politólogo Arturo Moscoso, la política en Ecuador no se entiende como un servicio a la ciudadanía sino para servir a los propios intereses. “A cualquier grupo político le puede interesar tener alguna influencia en la Contraloría. Sea para perseguir a enemigos políticos o para no ser perseguidos por corrupción”.
“El papel del Contralor es importantísimo”, enfatizó al recordar que durante el correísmo Carlos Pólit “no hizo nada por controlar la corrupción”. Pólit, actualmente prófugo, fue condenado por exigir dinero a cambio del desvanecimiento de glosas en favor del Consorcio Norberto Odebrecht-Alstom Va Tech.
Pólit fue subrogado por Pablo Celi, investigado en el caso Las Torres. Actualmente, Carlos Riofrío es el contralor subrogado.
Otra intención que vislumbra Moscoso es que los actuales consejeros bloquean las designaciones de autoridades para que los consejeros electos en el 2023 hagan los nombramientos. Mientras tanto, lo que refleja el Cpccs es una “inutilidad”.
Para Moscoso, el correísmo ya tiene experiencia en tomarse la Contraloría y, de otro lado, no ve prueba suficiente en que la Policía Nacional haya permanecido desde el 9 de febrero en los exteriores del Cpccs.
CNE y elecciones seccionales
El concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) también está pendiente. Tener injerencia en ese organismo va a “atractivo” para cualquier político porque se vienen las elecciones seccionales del 2023, según el politólogo.
El Cpccs tiene una “falla de origen” y se convirtió en un “botín político”, a decir del analista político y experto electoral, Alfredo Espinoza. Cree que el Cpccs debe desaparecer o restarle sus funciones nominadoras. “Las tres organizaciones que están impulsando el juicio político: el Partido Social Cristiano, liderado por Jaime Nebot, del cual forma parte Luis Almeida, que es tío de la expresidenta del Cpccs. Tenemos el ala más radical de Pachakutik, que responde a los intereses de Leonidas Iza, aparentemente con indicios de haber fraguado la quema de la Controlaría. Y tenemos a uno de los actores con problemas judiciales y prófugo, que es Correa y la bancada de Unes”, advierte Alfredo Espinosa, analista político.
Por otro lado, la mayoría del Cpccs deberán demostrar con sus acciones si “son una extensión o no de las políticas de Carondelet”, sostuvo.
Fuente: El Comercio
