La justicia ecuatoriana lleva a juicio a una empresa japonesa por esclavitud moderna

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La justicia ecuatoriana lleva a juicio por primera vez a una empresa por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral: Furukawa Plantaciones C.A., una firma japonesa que comercializa y exporta abacá, una variedad de plátano con la que se fabrica papel moneda en medio mundo.

La jueza a cargo, Susana Sotomayor, también señaló a Marcelo Almeida como autor directo y a Hugo Chalen y Paúl Bolaños como coautores del delito, al que se le suma también el de trabajo infantil y adolescente. Iván Segarra, antiguo administrador de campo y Adrián Herrera, gerente desde 2019, los otros dos procesados quedan sobreseídos.

Aunque tanto Fiscalía como acusación particular apelaron esta última decisión, celebran este primer paso en el que llevan casi cuatro años trabajando. “Consideramos que llamar a Furukawa a juicio fue muy acertado y coherente por los más de cien elementos recabados por Fiscalía”, explica Alejandra Zambrano, abogada miembro del equipo de litigio del caso. “Sobre todo nos parece justo con las víctimas, quienes tienen derecho a exigir responsabilidades, sanciones y reparación”, añadió minutos después de la audiencia celebrada este lunes.

“Este no es un caso más. De ninguna manera”, expuso Sotomayor, quien subrayó que las víctimas tenían en común “vulnerabilidad en su historia y falta de oportunidades laborales”. Es la primera vez en la historia del país andino que se sentarán en el banquillo una empresa y tres altos cargos por prácticas de esclavitud moderna. Tras basar la solidez del caso en la intervención de al menos ocho carteras del Estado, la jueza entonó el “mea culpa”: “Yo me hago un interrogante: ¿Cuál fue la participación de las instituciones públicas antes del inicio del proceso penal? ¿No son ellas las llamadas a garantizar el derecho de la integridad de los ecuatorianos? ¿No son esas instituciones quienes tienen que garantizar la salud de los ciudadanos? ¿No son estas instituciones del Estado quienes tienen que prestar las garantías a los ciudadanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estas instituciones?”.

Estas tajantes declaraciones de la jueza son también cuestionadas en el otro proceso abierto actualmente en la Corte Constitucional, en el que se está debatiendo actualmente si el Estado tiene o no la responsabilidad. Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, dice que “ganaron la mitad”. “Ellos, los sobreseídos, son también parte de los señalados por las víctimas del caso. Por eso vamos a apelar”. Sin embargo, la alegría es palpable: “Los demandantes nunca habían ganado nada. Siempre creyeron que no tenían cómo acceder a la justicia. Es un momento muy emocionante”.

Para Santiago*, de 57 años, aún trabajador en resistencia de la empresa, es una gran noticia. “Lo que he entendido es que somos ganadores, ¿no es cierto? Me satisface mucho. Mi corazoncito palpita de alegría. No sé si los compañeros míos habrán escuchado la audiencia pero de mi parte agradezco a Dios y al equipo de abogados. Les mando un abrazo rompehuesos”. Y añade: “La jueza entendió lo que nos estaba haciendo la empresa. Las pruebas están a favor de nosotros”. Jenny*, no aguanta las lágrimas: “Pensábamos que no nos iban a dar las fuerzas. Ojalá el juicio sea breve”.

María Susana Rodríguez, fiscal especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional, supo desde el inicio de la investigación que este era “caso muy sólido”. La decisión de Sotomayor es, dice, sin lugar a dudas un comienzo. “Es el inicio de esa huella que como Fiscalía comenzamos a labrar en este caso. Da un mensaje claro en la lucha contra la trata de personas. Confío en la justicia”, cuenta después de la audiencia.

La empresa japonesa estaba en el ojo de mira desde 2018, con un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado el primer semestre del año siguiente, que relataba una situación de servidumbre de gleba o esclavitud moderna durante las casi seis décadas de historia de la empresa. El organismo detalló condiciones “infrahumanas” de vivienda, trabajo infantil y adolescente y ausencia absoluta de derechos laborales de un censo propio de 1.244 personas. Es por ello que instó a diez carteras del Estado a que pusieran fin a los abusos. Y en posteriores informes confirmaron las denuncias de la entidad. “Se demostró que vivían en condiciones terribles”, explicaba hace unos días a América Futura el defensor del pueblo actual, César Marcel Córdova Valverde. “Yo sigo trabajando en la empresa porque de algo tengo que comer”, continúa Santiago*. “Nosotros no estamos mintiendo, hemos llevado una vida de mucha explotación. La única justicia que se va a dar es cuando reconozcan lo que hicieron y cumplan con las medidas de reparación.

La acusación particular exige disculpas públicas y medidas de no repetición. “Además de, evidentemente, indemnizaciones económicas a las víctimas, que en su mayoría son personas a las que incorporarse de nuevo al mercado laboral es prácticamente imposible”, explicó por teléfono Alejandro Morales, abogado de los 106 demandantes. Aunque el proceso “apenas inicia” se respira alivio entre los demandantes y sus litigantes. “Es un primer paso, pero es el que tocaba”, sentenció Zambrano.

Fuente: El País