La visita de la vicepresidenta María José Pinto a la Universidad de Cuenca no solo pasó desapercibida en agenda oficial, sino que derivó en una controversia institucional: el ingreso de militares al campus encendió el debate sobre los límites de la autonomía universitaria.
El rector Rodrigo Mendieta reconoció que la presencia de dos pelotones militares, acompañados de personal armado y seguridad, generó malestar dentro de la comunidad universitaria, aunque defendió que el ingreso se dio “en el marco de la ley” y bajo solicitud institucional.
Sin embargo, el punto crítico no está en la formalidad del procedimiento, sino en su proporcionalidad.
Aunque la autoridad universitaria asegura que existió coordinación previa y autorización conforme a la normativa, la legislación ecuatoriana es clara: el campus universitario es inviolable, y la presencia de fuerza pública constituye una excepción estrictamente limitada.
La propia interpretación de la Corte Constitucional establece que este tipo de ingresos deben responder a riesgos reales y ser proporcionales. En este caso, la visita protocolaria de una autoridad no parece, al menos en principio, justificar un despliegue militar de esa magnitud.
El ingreso de militares provocó reacciones inmediatas de estudiantes y docentes. Incluso se reportó el retiro de un profesor por parte de personal uniformado, lo que elevó la tensión y alimentó la percepción de una vulneración simbólica del espacio universitario.
El rector admitió que “la cantidad de efectivos sorprendió” y que ese factor fue determinante en el rechazo interno. Tras el incidente, la universidad solicitó el retiro de la escolta, lo cual fue aceptado por la vicepresidenta.
Otro elemento que deja cuestionamientos es la planificación. La visita fue confirmada apenas el día anterior, lo que limitó la capacidad de la universidad para anticipar escenarios y ajustar protocolos.
Para una institución que históricamente ha defendido su autonomía como principio fundamental, la reacción tardía evidencia vacíos en la gestión de visitas de alto nivel.
Paradójicamente, la reunión permitió avanzar en temas relevantes como un proyecto de residencia universitaria y la discusión sobre plazas de prácticas médicas. No obstante, estos resultados quedaron opacados por la polémica.
El rector fue enfático en que se revisarán los procedimientos internos para evitar que situaciones similares se repitan, reconociendo implícitamente que, aunque legal, el operativo no fue adecuado.
