El economista Carlos Cordero planteó un diagnóstico incómodo: la economía ecuatoriana muestra cifras estables, pero no mejora la vida de la población, mientras el sistema universitario evidencia señales de deterioro democrático.
Aunque el Gobierno destaca un crecimiento cercano al 2,5%, Cordero es claro: no es suficiente. El país crece por debajo de su promedio histórico y ese avance no se traduce en empleo ni en reducción de pobreza.
El mercado laboral sigue estancado, con altos niveles de informalidad y empleo precario. “No hay bienestar”, resume el analista. Las cifras macroeconómicas, dice, no reflejan la realidad cotidiana.
La decisión de imponer aranceles del 100% a productos de Colombia es vista como un error de fondo: mezclar política con economía.
El impacto ya se siente en zonas fronterizas, donde la actividad comercial sostiene a miles de familias.
El aumento en ventas y consumo tampoco convence. Cordero advierte que responde a factores puntuales —remesas récord, exportaciones específicas y minería—, no a una economía productiva sólida.
Incluso deja abierta una preocupación: parte de la liquidez podría estar vinculada a economías ilegales, visibles en el crecimiento de construcción y consumo.
La caída del riesgo país no implica confianza productiva, sino expectativa de pago de deuda. Mientras tanto, el problema fiscal sigue intacto: el país mantiene un déficit crónico y depende del endeudamiento, especialmente con organismos como el FMI.
Para Cordero, el mayor peligro no es económico, sino político. La falta de estabilidad y de una estrategia de crecimiento a largo plazo condiciona cualquier avance.
En el ámbito académico, el exrector cuestiona lo ocurrido en la Universidad de Cuenca durante la visita de la vicepresidenta María José Pinto.
Su lectura es directa: hubo un exceso en el despliegue de seguridad y falta de criterio sobre el contexto universitario.
Pero la alerta va más allá del incidente. Cordero advierte prácticas preocupantes dentro de universidades, especialmente privadas: intentos de perpetuarse en el poder y restricciones al debate.
“Si se impide debatir fuera de la universidad, se rompe la democracia”, sostiene.
