Esta tarde se llevó a cabo la lectura del informe preliminar del Examen Especial al proyecto minero Cascabel, ubicado en las provincias de Imbabura y Carchi. El periodo analizado comprende desde el 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2017.
Este proyecto tiene un área concesionada de 5.000 hectáreas, y proyecta la explotación de cobre y oro. Según Contraloría, entre 2013 y 2014, la empresa canadiense a cargo de la concesión inició la fase de exploración avanzada sin cumplir con los requisitos de ley establecidos en el artículo 57 de la ley de minería.
Estos requisitos incluyen evidencias de la realización de una consulta previa libre e informada con las comunidades de la zona; certificado de no afectación de recursos hídricos de la Secretaría del Agua (Senagua); declaración notarizada de la renuncia voluntaria a un área de la concesión minera; entre otras.
Además, según el organismo de control, el concesionario minero, y las autoridades de Energia, Minería y Ambiente, no controlaron el cumplimiento de lo establecido en el plan ambiental, sobre todo tomando en cuenta que la fase de exploración avanzada involucra la perforación de pozos.
Así, las actividades en el área iniciaron 835 días antes de obtener las autorizaciones respectivas de cambio de fase, y 219 días antes de obtener el certificado de Senagua.
Otro incumplimiento es que no se respetó la normativa de uso y aprovechamiento de agua para fines humanos e industriales, la cual estipula que a costo del concesionario se deben instalar medidores de caudal de afluentes. Con esto se busca controlar cualquier tipo de contaminación de fuentes de agua cercanas, como quebradas.
Sin embargo, según Contraloría se verificó contaminación con aguas negras y grises en quebradas cercanas como la de Alpala.
Incluso, se llega a registrar niveles de residuos 11 veces superiores a los límites permitidos, sin que ninguna autoridad o ministerio haya establecido las acciones de control necesarias.
Con respecto a los pozos de perforación, el organismo de control estableció que se aumentó el área de desbroce vegetal consignada en el plan de manejo ambiental, de 25 m2 a 400 m2, sin autorización y sin el cumplimiento del inventario botánico y de fauna, con lo que no se puede determinar la cantidad especies arbóreas taladas, las especies endémicas amenazadas, y los animales desplazados.
Finalmente, se detectó fluido residual contaminado durante la perforación de los pozos, sin que sin que se haya puesto en marcha un proceso de tratamiento y re circulación de agua.
Fuente: Ecuadorenvivo – La Hora
