La Asamblea Nacional cerró el 2018 con 1 316 funcionarios y un pago anual de USD 36 millones en salarios y décimos. Se trata del principal rubro de gasto que tiene el organismo.
El pedido del presidente Lenín Moreno, de que el ajuste a los salarios del nivel jerárquico superior se extienda al resto de entidades autónomas, aún no tiene eco en la Asamblea.
Del universo de burócratas, 599, es decir, 45,5%, percibe sueldos mayores a USD 2 368; esto demanda el pago de USD 22 millones al año.
En la nómina que transparenta la entidad en su web se observa que hay 548 asistentes y asesores de asambleístas y comisiones especializadas, cuyos contratos son ocasionales y pudieran entrar a revisión.
En las distintas áreas del Legislativo hay en total 363 asistentes; los asesores de nivel 2 -que ganan USD 2 679- suman 156, son 15 menos que en el 2017.
Los asesores de nivel 1, en cambio, sumaron 186, siete más que en el 2017, y perciben una remuneración de USD 3 173, esto es ocho veces el actual salario básico de USD 394.
La medida del Ejecutivo para bajar el gasto -vía decreto- se tomó el 21 de diciembre pasado, un día después de que las actividades legislativas pararon por las festividades de Navidad y de fin de año.
Desde entonces, tampoco se ha reunido el Consejo de Administración Legislativa (CAL), instancia que pudiera aprobar o no un ajuste, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Patricio Donoso (Creo) y Verónica Arias (ARE), quienes forman parte de ese organismo, prefirieron no adelantar criterios al respecto.
Ellos indicaron que corresponde a la presidenta del CAL y de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, poner el tema en discusión para analizar su posible viabilidad o no.
Lenín Plaza, uno de los coordinadores de Alianza País (AP), apuntó que esto debería ser debatido por el Parlamento en su conjunto. Hasta ayer no hubo actividades oficiales en las comisiones y la primera reunión del Pleno este año está prevista para hoy a las 09:40.
“El Decreto nos tomó por sorpresa. A veces estos temas suenan bien al oído porque son medio populistas, pero en el fondo no es que tengan una mayor eficiencia económica, porque el ahorro que se daría es poquísimo para la situación económica del Estado”, enfatizó Plaza.
La última vez que hubo un ajuste en las remuneraciones de los miembros de la Asamblea fue en marzo del 2015, cuando por decisión del CAL se rebajó USD 1 000 a los legisladores, lo que dejó el salario en USD 5 009.
Este sueldo representó USD 8,2 millones en el 2018 y en el caso de los asesores de nivel 1 y 2 de los asambleístas significó USD 10,2 millones anuales.
En el 2018, el Legislativo cerró con 1 316 funcionarios, una reducción de 7,3%, respecto del 2017, esto significó un ahorro de USD 4 millones en pago de salarios y décimos.
Por otra parte, el pasado 5 de abril, el CAL aprobó una resolución en la que se eliminaron los viajes al exterior de los asambleístas con recursos del Legislativo, con el fin de optimizar el dinero público.
Además, se resolvió eliminar los viajes y movilizaciones de los miembros de las comisiones con recursos de la Asamblea fuera de su sede en Quito.
También se encomendó a la presidenta y su administración que realicen una revisión de otros rubros, sin que se afecte la operatividad de la entidad.
Cabezas aseguró a este Diario que desde que asumió la presidencia, el 15 de marzo pasado, ha logrado un ahorro estimado de USD 795 879 en gastos. Este monto, según dijo, incluye viáticos, traslados, subsistencias, arrendamiento de bienes, servicios generales como difusión de información o campañas, entre otros. No especificó cuántos burócratas tienen contratos ocasionales en el área administrativa y que ganen más de USD 2 368.
Según los contratos registrados en el portal de Compras Públicas, por pasajes aéreos nacionales e internacionales, la Asamblea gastó USD 401 030 en el 2017. El rubro se duplicó a 840 547 el año pasado.
En el 2018 Cabezas viajó a Estados Unidos, Rusia, Canadá y Uruguay, pero aseguró que, en su mayoría, fueron costeados por los organizadores de los eventos a los que fue invitada.
Adicionalmente, el CAL aprobó el 23 de mayo pasado un reglamento que regula la dotación, uso, administración y control de los servicios de telefonía celular e Internet móvil en dispositivos de la Asamblea. Entre los beneficiarios están: presidenta, vicepresidentes, asambleístas, secretarios, administrador general, jefes de la Escolta Legislativa y de seguridad de la presidencia.
Cuatro meses después de emitido este reglamento, el CAL dispuso que se renegocie el valor de los planes de estos servicios, que son pagados por la Asamblea.
El 13 de diciembre, la presidenta de la Asamblea aseguró a la prensa que se estaba preparando un balance sobre los resultados del plan de austeridad, pero hasta ahora no se conoce. Los miembros del CAL y de las bancadas no cuentan con esa información, que incluye el gasto de las llamadas y datos renegociados.
En contexto
El presidente Lenín Moreno suscribió un Decreto el 21 de diciembre del año pasado, con el cual redujo los salarios de los ministros en 10% y de los funcionarios de nivel jerárquico superior, en 5%. Los asambleístas piden que el tema sea analizado por el Pleno.
Fuente: El Comercio
