Defensoría del Pueblo pide a Iglesia Católica medidas contra párroco acusado de abusos

El sacerdote de la iglesia del barrio Guápulo (noreste) fue acusado el pasado domingo 3 de febrero de 2019 de un presunto delito de abuso sexual a dos hermanas de 10 y 14 años, informó la Fiscalía. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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La Defensoría del Pueblo exhortó este martes 5 de febrero de 2019 a la Arquidiócesis de Quito y a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a que tomen medidas «urgentes e inmediatas» contra el párroco que este domingo 5 de febrero de 2019 fue acusado de agredir sexualmente a dos menores de edad en la capital.

En un pronunciamiento público, la institución conminó a la Iglesia a que responda «a los casos de violencia contra las mujeres en las que están involucrados sacerdotes católicos, incluido el último caso reportado en la ciudad de Quito».

El sacerdote de la iglesia del barrio Guápulo (noreste) fue acusado el pasado domingo 3 de febrero de 2019 de un presunto delito de abuso sexual a dos hermanas de 10 y 14 años, informó la Fiscalía.

El Ministerio público de la provincia de Pichincha, de la que Quito es la capital, formuló cargos contra Néstor Genaro B., el párroco de la iglesia de Guápulo por haber, presuntamente, realizado tocamientos íntimos a las dos menores.

La jueza Geovanna Palacios dictó prisión preventiva contra el acusado en la audiencia previa llevada a cabo este domingo en la Unidad de Flagrancia de Pichincha, con el objetivo de «garantizar su comparecencia dentro del juicio».

Ante los «reiterados y graves hechos» de violencia contra las mujeres que se han registrado en las últimas semanas en Ecuador, la Defensoría aseguró que la situación «se agrava y parece estar fuera del control de las autoridades e instituciones del Estado».

Por ello, instó a la Justicia del país a que garantice «de manera oportuna y efectiva» la tutela judicial hacia las víctimas de violencia de género y de abuso a menores.

Igualmente, solicitó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas que asignen una financiación «suficiente y adecuada» para este 2019, con el objetivo de garantizar que se cumplan las competencias de las instituciones del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Finalmente, apeló a la Asamblea Nacional (Parlamento) a que ejerza su función fiscalizadora y de control con respecto a la «asignación de recursos que debería realizar la función ejecutiva a todas las instituciones del sistema».

El mes pasado, varios casos de violencia machista sacudieron a Ecuador y movilizaron a miles de personas que pidieron acabar con la violencia hacia las mujeres y con el sistema patriarcal.

Una violación en manada a una mujer de 35 años en un bar al norte de Quito y el femicidio de una mujer embarazada en plena calle a manos de su expareja, de origen venezolano, conmocionaron al país y pusieron en evidencia el fenómeno de la violencia de género.

Fuente: El Comercio