A pocos meses de que se cumplan siete años de la desaparición de Juliana Campoverde Rodríguez, joven que desapareció el 7 de julio del 2012 en Quito, en los próximos días se conocerá la resolución de la jueza de Garantías Penales, Yadira Proaño, quien deberá decidir si llama a juzgamiento o dicta el sobreseimiento al procesado.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal especializada en Violencia de Género, Mayra Soria, solicitó que el procesado, Jonathan C., sea llamado a juicio por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte.
Los elementos anunciados como prueba por la Fiscalía apuntarían a que Jonathan C. sería el autor del delito. Uno de ellos fue la información presentada por el procesado a finales del 2018, donde afirma que se llevó a la joven (la mañana del 7 de julio de 2012) hasta un autohotel «para accederla carnalmente»; horas más tarde ella murió en manos de Jonathan C., quien arrojó el cuerpo sin vida en la quebrada de Bellavista.
Además, según la Fiscalía, se puso en evidencia la manipulación a la que sometieron a Juliana, para que contraiga matrimonio con Israel C., hermano menor del procesado. Una de las vías para lograr este cometido fue la creación de un perfil falso de un psicólogo pastor de nombre Juan Solano, pero que en realidad era una cuenta manejada por Jonathan C., abierta en diciembre del 2010 y cerrada en julio del 2011.
Juliana Campoverde, de 19 años de edad, salió de su domicilio en el sector de la Biloxi, sur de Quito, junto con su madre Noemí Rodríguez. Ese día se despidió para dirigirse rumbo a su negocio, un centro de medicina natural, al que nunca llegó.
La investigación inició con la denuncia de la madre de Juliana, el 8 de julio del 2012. Un informe reveló la última ubicación de la joven, a través de una llamada de celular realizada con el chip de Juliana desde el teléfono de Jonathan C. -la noche del 7 de julio- cuando ya la ciudadana estaba desaparecida.
Jonathan C., es hijo del pastor evangélico de la iglesia “Oasis de Esperanza” a la que acudió la familia de Juliana por 10 años. Su rol en el templo religioso era de pastor de jóvenes, grupo al que perteneció la víctima.
Según los elementos presentados por Fiscalía, el último contacto que tuvo la joven fue con Jonathan C. en su lugar de trabajo, el 9 de julio del 2012, un día después de que la familia denunció su desaparición.
En la computadora del trabajo del ciudadano procesado, se encontró búsquedas de información relacionadas con muertes violentas, desaparecidos y cómo borrar mensajes de texto de la computadora. A lo que se sumó que la cuenta de Facebook de Juliana fue abierta desde ese ordenador para dejar un mensaje de despedida a su familiares.
Este caso, se encontraba en indagación previa desde el 2012, periodo en que se practicaron decenas de diligencias indagatorias. Sin embargo, seis años después, la décimo segunda fiscal del caso, Mayra Soria, logró cercar a Jonathan C., quien luego reveló que enterró el cuerpo de la chica en una quebrada en el centro norte de la ciudad.
La madrugada del 5 de septiembre del 2018, Jhonatan C. fue detenido en el sector de Rumipamba, al norte de Quito.
De este expediente se derivó una investigación previa por enriquecimiento privado no justificado, seguida en la FEDOTI 7 de Pichincha, en contra de Jonathan C. y de sus familiares Patricio C., Israel C., Andrea R., padre, hermano y esposa, respectivamente.
También se inició un acto administrativo por las osamentas encontradas en la quebrada de Bellavista, en las diligencias de búsqueda de finales de 2018.
El secuestro extorsivo con resultado de muerte registra una condena de 22 a 26 años de privación de libertad, según el Código Orgánico Integral Penal.
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