Alrededor de 1.6 millones de dólares pagó el Consejo de la Judicatura por consultorías contratadas entre 2011 y 2012. Un informe borrador de la Contraloría analizó las contrataciones para el diseño de obras de infraestructuraen Carchi, Manabí, Orellana, Pichincha, El Oro y Esmeraldas.
Una de las conclusiones recurrentes es que se pagó por productos que resultaron inaplicables. Fueron contratados por la modalidad de emergencia. Los plazos de entrega de productos se fijaron entre 15 y 60 días. Sin embargo los auditores de la Contraloría contabilizaron hasta 2.000 días sin aplicar. En tres casos los contratos se encuentran en tribunales y centros de mediación. Algunos tuvieron que terminarse por mutuo acuerdo. En algunos casos, como en el del Complejo Judicial Sur en donde se contrató una consultoría para el diseño de infraestructura en un predio que supuestamente pertenecía al Consejo la realidad fue otra. Pasaron 477 días hasta que se regulara la propiedad del terreno que pertenecía originalmente al Municipio del Distrito de Quito. Una de las conclusiones en este caso señala que pasaron 1.134 días sin que administradores, directores o coordinadores asumieran la decisión de finalizar el contrato. Lo más grave fue que el producto entregado no sirvió de insumo para ninguna construcción. Eso sí, le significó al Estado un pago de 268.025 dólares.
Otra conclusión alarmante fue que en el análisis de otro contrato de consultoríapara el diseño de un Complejo Judicial —que debía construirse en el norte de Quito— se pagó alrededor de 742.171 dólares por productos que resultaron inaplicables. Los insumos debían entregarse en 60 días y estaba contemplado que el diseño se haga sobre la base de una propiedad del Consejo pero la realidad era que el terreno no fue legalizado sino hasta 582 días después de la suscripción del contrato. Los planos debían entregarse en 60 días, pero el producto final fue inaplicable.
La coincidencia de todas las consultorías que han reportado irregularidades es que los administradores firmaron las actas certificando que los productos se recibieron a satisfacción. La Contraloría señaló que los administradores no hicieron seguimiento y los consultores incumplieron los plazos.
En algunos casos como el de Machala el director de la Judicatura hizo una invitación directa a un arquitecto para que presente la oferta y los pliegos. Se aprobó el contrato sin considerar que el predio tampoco pertenecía a la Judicatura y no se establecieron alternativas. Pasaron 1.902 días sin aplicarse, a pesar que debía entregarse en 60 días calendario, y tampoco se tomó la decisión del finiquito. Hubo terminación unilateral del contrato.
En Esmeraldas se pagó 165.004 por estudios inaplicables proyectados para construirse en un terreno ajeno. Al momento de contar con la propiedad los diseños no se podían aplicar en el nuevo sitio. Igual en este caso hubo invitación directa al arquitecto.
La lectura del informe se dio en el auditorio de la Contraloría este jueves 16 de mayo desde las 09:00. A las 13:00 continuaba la lectura de conclusiones. Los señalados en el documento tienen que presentar descargos en el caso.
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