Los ministros del área económica de Ecuador explicaron este miércoles 2 de octubre del 2019 el paquete de medidas anunciado en la víspera por el presidente Lenín Moreno.
«Vamos a enviar un conjunto de leyes, entre otras, una que va a proteger la dolarización, y otra que incluye una reforma laboral que beneficiará a los trabajadores y empleadores», subrayó el secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán.
Entre las medidas más urgentes y que entrarán en vigor a partir del jueves 3 de octubre del 2019 está la de la eliminación de los subsidios a la gasolina, que según especificó Roldán, en 40 años ese rubro ascendió a más de $ 60.000 millones, lo que calificó de «distorsión».
Roldán dijo que esos subsidios beneficiaron a quienes no los necesitaban y a personas que incurrieron en el contrabando.
El funcionario avanzó que con la decisión el país contará cada año con al menos $ 1.400 millones que se destinarán a vivienda, educación, salud y las personas más necesitadas.
En paralelo, especificó que el Gobierno durante tres años recaudará de las empresas con mayores beneficios un 0,1 por ciento a fin de financiar la seguridad.
El ministro de Economía Richard Martínez explicó lo que denominó como «efectos colaterales positivos» de las medidas.
Sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles, Martínez dijo que la cifra estimada de impacto positivo totaliza los $ 1546 millones: $ 1038 millones por el diésel; $ 363 millones por las gasolinas extra y ecopaís; y $144 por el impuesto por ese combustible que antes no se pagaba, pues se desviaba el producto.
En cuanto al nivel del sector público no financiero, el efecto positivo total se estima en $ 2273 millones. Mientras que a nivel de Gobierno central $ 2123. Por reforma tributaria se estima $ 535 millones.
El ministro de Producción, Iván Ontaneda, se refirió a la reducción de aranceles para fomentar el empleo, las exportaciones y la atracción de inversiones.
Apuntó que esta reducción beneficia a bienes de capital, materias primas y bienes de consumo productivo para los sectores: agropecuario, acuacultura, metalmecánica, textil, pesquero, maderero, carrocero, ensamblaje automotriz, calzado, entre otros.
«La disminución de estos aranceles con tarifa 0, por más de $ 100 millones, beneficiarán a los sectores productivos y a los 17 millones de ecuatorianos al generar un mayor volumen de empleo en el país», señaló.
En las medidas del ámbito laboral figuran la reducción de 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, y la aportación de estos de un día de salario mensual.
Martínez explicó que «en el tema de la masa salarial, la reducción del período de vacaciones no tiene un efecto fiscal, (pero) sí de productividad porque los ecuatorianos van a tener más acceso a los servicios públicos».
Precisó que las medidas incluyen asimismo la reducción del salario máximo en contratos ocasionales, de nombramiento o provisionales en el sector público, lo que otorgará al Estado $ 148 millones en una fase inicial.
Mencionó la existencia de un cronograma de desvinculaciones (despidos) que el Gobierno pretende acometer el próximo año, que aportará otros $ 160 millones adicionales a las arcas estatales, a la que sumó la contribución de la jornada salarial de los empleados de empresas estatales.
«A las empresas públicas se les exigirá una reducción de gasto de $ 100 millones y en el caso de la Seguridad Social, de $ 50 millones», enfatizó Martínez.
Sobre la reforma laboral que vislumbra el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, resaltó que busca fomentar el emprendimiento, la simplificación en la contratación, en paralelo a la generación de empleo, «para dar respuesta al subempleo».
Interpelado acerca de si entraña la facilidad de despido, el responsable negó este extremo y puntualizó que busca, sobre todo, impulsar las contrataciones.
La propuesta incluirá «modalidades contractuales acordes a lo que vive el mundo», nuevos permisos de paternidad, facilidades para adquirir herramientas tecnológicas, optimización de recursos o movilidad.
El paquete de medidas anunciadas responde a las necesidades de liquidez de Ecuador, que el pasado marzo obtuvo de diferentes organismos internacionales una línea de crédito de más de $ 10.000 millones.
El acuerdo con el FMI, que aportó $ 4.200 millones, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado. (I)
Fuente: El Telégrafo
