La eliminación o mantenencia de la tasa solidaria continúa generando criterios divididos a favor y en contra. Los 15 alcaldes, prefecto y viceprefecta, y siete delegados de los GAD parroquiales, tomarán la decisión la próxima semana en sesión de la Cámara Provincial.
El prefecto del Azuay, Yaku Pérez, entregó a los presidentes de los diferentes Gobiernos Parroquiales de la provincia la propuesta de reformas a la Ordenanza de la Tasa Solidaria, para que se estudien los puntos y que, se llegue a un consenso.
“Nuestro compromiso es firme y estoy optimista de que vamos a poder solucionar porque ya no queremos más extorsión para los azuayos”, mencionó Pérez.
Según el prefecto, la tasa solidaria es más bien una sustitución del dinero que aportan los ciudadanos, por los recursos provenientes del Estado.
La viceprefecta del Azuay, Cecilia Méndez, está a favor de que se mantenga la tasa solidaria y no comparte la idea de eliminarla, por tres razones: la redistribución, la autonomía y el resguardo de las conquistas sociales, “más cuanto qué, si provienen de la iniciativa social popular campesina”, argumentó y agregó que de esto ya tiene conocimiento el titular del Gobierno Provincial del Azuay, por lo que llama a la reflexión.
Sugirió rever el contenido de esta propuesta que fue elaborada por él, porque ella no participó del ofrecimiento de eliminación de la tasa solidaria desde la campaña política de su binomio.
Recursos
Janeth Garzón, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Azuay, Conagopare, coincide con Méndez y defiende que se mantenga esta contribución ciudadana a beneficio de las 61 parroquias rurales de la provincia.
“Son más de cinco millones de dólares que no pueden desaparecer, sino que deben tener el tratamiento justo y debido”.
Cree que lo más conveniente es una reforma a la ordenanza que regula el modelo de gestión vial. “No se pueden desperdiciar recursos que sirven para el mantenimiento de la vialidad”, insistió.
La viceprefecta considera que la propuesta presentada por la Conagopare, es bastante completa, porque los recursos de la tasa solidaria provienen de la provincia. Sustentó que el país se encuentra en medio de una crisis económica y retirar la tasa solidaria sería un grave problema.
Otros sectores y organismos también manejan criterios divididos. Martín Rigoberto Borja, alcalde de El Pan y consejero provincial, está en desacuerdo con la eliminación de la tasa solidaria porque “es el único recurso propio que tiene los gobiernos parroquiales para ejercer la competencia delegada por la Prefectura, no es nada optimista que se ofrezca transferir estos fondos con recursos procedentes del Gobierno Nacional, porque es conocido que existe austeridad y que no hay dinero”.
Derogación
Por su parte que representantes de los gremios de la transportación local apoyan que se derogue el pago de la tasa solidaria, vigente hace 10 años, porque las vías en las parroquias no han sido atendidas y presentan daños.
El secretario general del Sindicato, Mesías Vicuña, aseguró que “el dinero que se recauda mediante la Tasa solidaria no llega o se destina para las obras en carreteras de los cantones y parroquias rurales”.
Explicó que el mal estado de las vías complica la movilidad y eleva los gastos por el mantenimiento de los automotores, razón por la que su gremio decidió sumarse al pedido de la eliminación de la tasa.
Para Paúl Pañi, presidente del gobierno autónomo descentralizado, GAD, de Turi, la eliminación de la tasa solidaría significaría la no inversión en mantenimiento de vías considerando que son alrededor de 70.000 dólares en recursos destinados para ello, más 21.000 dólares que gestiona la parroquia a través de otros convenios.
“Aún así, ese monto cubre una parte del mantenimiento, se alcanza un 50 por ciento, por tanto no estoy de acuerdo en su eliminación”. Espera que la Cámara Provincial analice esa propuesta y los resultados sean plasmados en una ordenanza.
Para la eliminación de esta tasa, el prefecto Yaku Pérez requiere la aprobación de la mayoría de la Cámara Provincial y defiende su oferta de campaña de eliminarla, ya que es una de las imposiciones económicas tributarias que afrontan más de 150.000 propietarios de vehículos, y que la población está cansada de tributos. La recaudación anual promedio es de 4,5 millones de dólares. (I)
Hay un divorcio político entre los titulares del Gobierno Provincial
Los titulares de la Prefectura del Azuay, tanto Yaku Pérez, prefecto como Cecilia Méndez, viceprefecta confirmaron la existencia del divorcio político con sus acciones. El acuerdo duró solo seis meses y en este periodo solo han sido cuatro diálogos los realizados por situaciones netamente institucionales.
Los temas que generan esta división de criterios son la Tasa Solidaria y el presupuesto 2020.
“Hay un distanciamiento evidente”, sostuvo Pérez, quien explicó que cada uno tiene su forma
de ver la política.
Indicó que la viceprefecta, desde la campaña a elecciones tenía una posición marcista ortodoxa “de una izquierda fundamentalista y nosotros somos más abiertos, pero respeto sus criterios”.
Pérez recalcó que si ella se opone a la eliminación de la tasa solidaria, espera que se brinde los argumentos técnicos y necesarios que sustente el pedido.
Méndez indicó que más que distanciamientos se trata de posiciones de orden política respecto
de la provincia.
Recalcó sobre el tema de la tasa solidaria, que al ser una propuesta de campo es la única fuente de recursos propios, por
lo que insistió en hacer
una reflexión.
Dijo que en su caso no está opuesta a que se revisen los temas de costos, “es más tiene que haber una mesa de diálogo con todos los involucrados en el proceso, incluído los transportistas”.
Su postura frente al tema, según explicó, “no es conveniente bajar el mecanismo de obtención de recursos propios para la provincia”.
Fuente: El Tiempo
