Las posibilidades de que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sea enjuiciada políticamente son escasas.
Dentro de la Comisión de Fiscalización los legisladores de Alianza PAIS y sus aliados consideran que a los acusadores les faltó contundencia en la presentación de pruebas.
La funcionaria está acusada por los asambleístas Lourdes Cuesta (antes de CREO), Roberto Gómez (CREO) y Amapola Naranjo (RC) de incumplimiento de funciones sobre seguridad ciudadana, crisis carcelaria, responsabilidad en el caso de femicidio en Imbabura y mal uso de bienes públicos.
La Comisión de Fiscalización entró a analizar las pruebas, pues ayer venció el plazo para que ambas partes presenten sus argumentos y además se esperaba un informe de la Contraloría General del Estado sobre el examen practicado al uso de aeronaves de la Policía.
La presidenta de la Comisión, Johanna Cedeño (AP), lamentó que en el proceso muchas comparecencias solicitadas no acudieron y eso acelera el trabajo; y que en función de ello, agregó, podría tener un resultado diferente al pedido que hicieron los proponentes de enjuiciar a la ministra de Gobierno. Además, indicó, algunas pruebas de cargo se convirtieron de descargo.
Dentro del proceso, dijo que a los interpelantes les faltó ‘contundencia’. Con ese criterio coincidió Fausto Terán (AP).
Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión y del bloque BADI, indicó que la intervención de Romo fue clara y lo que espera es conocer el informe del contralor sobre el uso de los bienes públicos que, según la acusada, hay normativa que la protege para usar los bienes del Estado.
Gómez dijo que espera que el informe llegue al pleno, pues a su criterio cada día que la ministra pasa en su cargo, la vida de la ciudadanía corre peligro.
Cuesta indicó que las pruebas de cargo y los testimonios recibidos fueron claros; y que en la comparecencia, la ministra Romo tampoco desvirtuó las acusaciones en su exposición del lunes pasado.
Precisó que lo único que resta es emitir un informe, recomendando o no el juicio político contra Romo.
Si es adversa la petición, tendremos una mala ministra por algún tiempo, añadió. (I)
Se ha garantizado el debido proceso; y con las pruebas presentadas hemos evidenciado que en relación a las causales planteadas por los acusadores, no hay responsabilidad por parte de la ministra”. Daniel Mendoza, AP-Aliados
Fuente: El Universo