La Asamblea Nacional aprobó este miércoles una resolución sobre los hechos registrados durante el paro nacional de octubre, no determinó responsabilidades políticas, pero encargó a la justicia que investigue y señale a los responsables de actos delictivos cometidos durante la jornada de protesta.
Los votos de la aprobación provinieron de Alianza PAIS, Revolución Ciudadana, Bancada de Integración Nacional (BIN) y Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI). Los bloques del Partido Social Cristiano (PSC) y CREO, votaron divididos, unos a favor y otros se abstuvieron.
Tras la lectura del informe, que implicó 54 días de investigación, se abrió el debate y el presidente de la comisión ocasional, Fernando Burbano, defendió el documento e hizo un llamado al Gobierno, líderes, dirigentes políticos y sociales al diálogo.
Consideró que es la Justicia la que tiene que establecer las responsabilidades, y por eso, dijo, que la comisión se ha negado determinar y señalar nombres de los actores sociales y políticos, en este informe.
Planteó que el informe vaya a la Fiscalía, y que en un plazo de 30 días comunique cuál es el resultado de la aplicación de las recomendaciones de los organismos internacionales.
También consideró que es necesario fortalecer a la fuerza pública en preparación y defensa de derechos humanos.
Igualmente, pidió al Gobierno realice un esfuerzo para la identificación de los muertos y heridos, para que no haya inconsistencias en el número. Así como a la Defensoría del Pueblo que proceda a individualizar los casos y llegar a una reparación de las víctimas, y advirtió que sino se hace eso, muy pronto le cobrarán al Estado por las reparaciones.
El legislador César Rohón (PSC) cuestionó la tibieza del informe y exigió que se debe incluir nombres de las personas que causaron caos; llamaron a las Fuerzas Armadas a desobedecer al Presidente de la República; dejaron sin agua a los ciudadanos y propiciaron saqueos.
A las críticas se sumó el legislador, René Yandún (BIN), quien pidió explicaciones por qué en el informe no se incluye quien financió la manifestación de los indígenas; si hubo o no un acuerdo político entre un partido político y los dirigentes del paro; quién realizó el entrenamiento táctico, operativo y estratégico de los manifestantes que utilizaron mecanismos subversivos para atacar a la fuerza pública; así como quién facilitó la elaboración y entrega de material subversivo a los manifestantes.
Indicó que se ha distorsionado el respeto a los derechos humanos, y nada se dice quien va a pagar las pérdidas económicas porque se está hablando de miles de millones de dólares.
En la resolución mocionada por Burbano y aprobada con 81 votos se reafirma el respaldo de la Asamblea Nacional al régimen democrático constitucional del Estado.
También se reivindica el derecho a la protesta de todos los ciudadanos como legítima manifestación democrática.
Además, llaman a la reflexión a todos los actos políticos y sociales del país, para que comprendan que el diálogo, los consejos, la reconciliación nacional y el trabajo conjunto y coordinado, son los únicos mecanismos que permitirán solucionar los graves problemas que afronta el Ecuador.
Con la resolución se aprueba el informe presentado por la comisión ocasional multipartidista que investigó los hechos relacionados con el paro nacional del 02 al 13 de octubre de 2019.
También se dispone que el Presidente de la Asamblea Nacional remita copia del informe con sus anexos a la Función Ejecutiva, a la Función Judicial, a la Función de Transparencia y Control Social, a la Función Electoral, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, para que en ejercicio de su competencia, procedan ha acoger e implementar las conclusiones y recomendaciones del informe de la comisión ocasional.
Instar a las entidades el Estado para que, en cumplimiento de la de Constitución y los compromisos internacionales garanticen la investigación y sanción de todos los responsables de actos que constituyan violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos durante la paralización nacional.
Disponer que la Comisión Ocasional que investigó los hechos del paro nacional revise el cumplimiento de las disposiciones emanadas del informe, proceda al seguimiento a los procesos individualizados de las víctimas que dejaron las protestas, evalúe el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales respecto de las obligaciones de respeto y garantía en materia de derechos humanos.
Fuente: El Universo
