A tres años desde que el 21 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunciara que la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador, y en otros once países, armó un esquema corrupto de coimas para hacerse de contratos públicos, la sentencia de mayor repercusión en el país aún se sigue impugnando.
El abogado Aníbal Quinde, defensor de Ricardo Rivera (tío del exvicepresidente Jorge Glas) prevé presentar hoy una acción constitucional de protección a favor de su cliente.
En Ecuador, Odebrecht habría entregado a funcionarios públicos $ 33,5 millones. El 22 de diciembre de 2016 la Fiscalía General del Estado abrió de oficio una investigación por el delito de cohecho, no obstante, los casos de importancia juzgan los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
La acción de protección a favor de Rivera se presentará en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuyo tribunal de casación, presidido por la jueza Daniella Camacho, negó el pasado 16 de octubre el recurso de casación y ratificó la sentencia de seis años contra Rivera, su tío Jorge Glas, el empresario Edgar Arias, los exfuncionarios públicos Ramiro Carrillo y Carlos Villamarín; además de la pena de 14 meses de cárcel para el empresario Képler Verduga.
Rivera y cinco personas más, entre funcionarios públicos y empresarios, fueron detenidos por asociación ilícita el 2 de junio de 2017. Este fue el segundo caso que llevaba a que se procese a importantes funcionarios públicos relacionados con el gobierno de Rafael Correa.
El primer caso había ocurrido en abril del 2017 cuando el exministro de Electricidad de Rafael Correa, Alecksey Mosquera, se transformaba en el primer detenido dentro de esta trama de corrupción. Se lo investigó por el delito de lavado de activos, pues se decía que él recibió a modo de coima $1 millón de Odebrecht. Un año después fue sentenciado a la pena de cinco años de cárcel.
Según el reglamento de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, la acción constitucional para Ricardo Rivera debe presentarse en la judicatura donde se dio la supuesta vulneración de derechos. Esto es en el Tribunal de Casación, que pertenece a la CNJ. Y debe hacerse en máximo 20 días de notificada por escrito la sentencia, que vence mañana.
Tras revisar que la acción constitucional se presente en los tiempos permitidos, el CNJ derivará el recurso judicial a la Corte Constitucional. “Es esta institución la que debe analizar si existió o no una vulneración de derechos que es lo que vamos a alegar”, comentó Quinde, quien agregó que la información que es parte de la asistencia penal China y que está en poder de la Fiscalía General del Estado libera a su cliente de muchas responsabilidades y contiene pruebas concluyentes que desmentirían lo argumentado por la Fiscalía.
Más adelante, esto les permitiría presentar una acción extraordinaria de revisión en la Corte Nacional de Justicia.
Por otros hechos del caso Odebrecht, Rivera además estaría siendo investigado por delitos como cohecho, lavado de activos e incluso, señaló Quinde, se analizaría la participación de su cliente en un caso abierto en el 2017 y que estaría relacionado con un cohecho cometido en la Hidroeléctrica Manduriacu. “El proceso y las sentencias que se vienen dando mantienen falencias que rayan en la arbitrariedad y que más adelante van a traer consecuencias de orden constitucional”, dijo Quinde.
Asociación ilícita
El 13 de diciembre de 2017, Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, dos exfuncionarios y dos empresarios fueron sentenciados a 6 años de reclusión menor. Tres recibieron sentencia de 14 meses por colaborar con la Fiscalía; una persona fue sobreseída.
Fuente: El Universo
