En el 2020 los ciudadanos verán cambios en los precios de algunos bienes y servicios, debido a la aplicación de las nuevas medidas económicas que trae la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Las fundas plásticas son parte de esos productos.
La norma grava a cada unidad con el impuesto a los consumos especiales (ICE) y fija un mecanismo progresivo para su aplicación, que empezará con USD 0,04 por funda en el 2020 hasta llegar a los USD 0,10 en el 2023. La ley no precisa qué tipo y tamaño de plásticos estarán sujetos a este tributo.
Tampoco aclara si surtirá efecto en toda clase de establecimientos, ya sean grandes o pequeños, con una o más sucursales. Por ello, el impuesto no será de inmediata aplicación, sino que regirá en 90 días contados desde enero.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá resolver los vacíos de los procedimientos en el reglamento de la ley antes de que venza el plazo. Durante ese período, que finalizaría en marzo del 2020, ningún local comercial puede cobrar ese tributo.
A la Red Ecuatoriana de Tenderos (RET), que agrupa a más de 100 000 tiendas de barrio, le inquieta esa falta de precisión del texto. “No es lo mismo aplicar los USD 0,10 a una funda grande que a una pequeña.
Esto incidirá en el margen de ganancia del comerciante”, sostuvo Guido Varela, director de la organización. Sin embargo, la Red apoya la iniciativa y propone que se vean opciones para reemplazar al plástico.
Una de ellas puede ser usar empaques de tela o de papel. Entre los plásticos que no están gravados con el tributo constan los de uso industrial, agrícola, agroindustrial, de exportación, para productos congelados y aquellos que contengan un mínimo del 50% de materia prima reciclada posconsumo.
Una manera para afinar la aplicación del impuesto empieza por identificar cuáles son las fundas que provocan mayor daño al ambiente, comentó John Arias, gerente de la firma de asesoría Census Consultores. Por su naturaleza, el impuesto lo paga el consumidor final, explica el experto y expone que este tipo de tributos en otros países influyen en los hábitos de consumo de la gente y, a la vez, suponen un reto para las industrias del sector.
El artículo 78 de la ley es muy claro al indicar que el hecho generador del ICE será la entrega de fundas plásticas por parte del local comercial a clientes que necesiten cargar o llevar los productos, “en consecuencia, se deberá aplicar en todo establecimiento comercial”, anota Jorge Luis Mortola, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas).
Según datos del Ministerio del Ambiente, los plásticos de un solo uso que más se utilizan en el país son las fundas tipo camiseta. Cada año se emplean alrededor de 1 500 millones de estas bolsas, es decir, casi 93 por cada ecuatoriano. Para la especialista en derecho ambiental, María Amparo Albán, la norma resulta insuficiente para desincentivar el uso de plásticos. “La medida debió ser mucho más ambiciosa” e integral para el cuidado del medioambiente.
Esto solo ataca al consumo y no a la producción”, detalló. Según dijo, en la legislación faltó incluir al espumafón, sorbetes, botellas, vajillas y cubiertos plásticos. Albán plantea tres puntos que deben añadirse. El primero es establecer una norma o reglamento que regule la importación y producción de plásticos en el país. Segundo, el financiamiento para el cambio de matriz en la industria.
Por último, la educación ciudadana sobre el consumo de plásticos. La industria plástica ecuatoriana generó USD 2 600 millones de ventas en el 2017 y en el 2018 tuvo una baja de USD 300 millones, aunque vendió más en peso (pasó de 490 millones de toneladas a 560 millones). Las 600 empresas que integran el sector generan 19 000 empleos directos, según información de la Aseplas.
Arturo Sánchez, vicepresidente de Flexiplast, una fábrica que produjo 11 500 toneladas en el 2019, asegura que la industria de plástico de un solo uso trabaja con las autoridades nacionales en impulsar un modelo de economía circular. La idea es reducir el consumo de materias primas vírgenes, reciclar residuos y reutilizar estos productos para convertirlos en materia prima para incorporarla en los procesos de producción.
«Es importante que se comprenda que cambiar los empaques tradicionales a biodegradables no es un trabajo solo del productor o solo del usuario. El productor debe asumir un mayor costo de producción y el usuario, un mayor costo de compra”, anota Marcelo Roche, director de operaciones de Plásticos del Litoral. Esa firma alcanzó una producción de 5 600 toneladas de plástico en el 2018.
Fuente: Diario EL COMERCIO
