En un año en el que las muertes violentas y los delitos se han incrementado, las autoridades están tras la pista de las organizaciones criminales que operan en Azuay.
La presencia de la organización criminal “Los Lobos” se ha hecho notoria en Cuenca, y tiene relación con el microtráfico de drogas. Esa presencia se ve en la inusual ola de delitos que ha sufrido en 2022 la ciudad.
La Jefatura de Investigación Antidrogas confirmó a PRIMICIAS que Los Lobos se apoderaron del expendio de drogas en la capital azuaya.
La banda, dice la Policía, tiene células en sectores populares como la Zona de Tolerancia, Feria Libre, Barrial Blanco, Terminal Terrestre, Chola Cuencana, Nueve de Octubre. Pero también opera desde inmuebles que se encuentran en las zonas rurales de Cuenca.
De las investigaciones que existen y los operativos efectuados en el último año, se conoce que Los Lobos han reclutado a jóvenes de la localidad, e incluso a familias enteras y a extranjeros.
“Buscan la forma de captar a quienes no consiguen empleo y no tienen oportunidades”, explica Robin Contreras, jefe de Antinarcóticos en la provincia de Azuay.
Los Lobos son la segunda banda criminal más grande el país y se dedican al narcotráfico. Pero, según los informes de Inteligencia, en Azuay solo operan el negocio del microtráfico en barrios populares y a través de couriers.
Las acciones de esta banda delictiva se dirigen desde la cárcel de Turi. “Los Lobos ya llevan un buen tiempo asentados acá, sobre todo por la cárcel. Ahí están algunos de sus líderes y ellos disponen lo que debe hacerse en Azuay”, explica Contreras.
Su líder, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, operaba desde la cárcel de Turi antes de ser trasladado a la regional de Guayas y luego recibir la prelibertad. Su familia denunció su muerte en 2021, pero la Policía no ha podido confirmarla.
Por ahora, las disputas entre bandas criminales en Azuay se han centrado en la cárcel de Turi, en donde también hay integrantes de otras bandas, como los Chone Killers, los Latin Kings, los Tiguerones y los R7.
Las autoridades locales han pedido en reiteradas ocasiones el traslado de los líderes de bandas a otras cárceles del país, porque Turi no fue concebida como un centro de rehabilitación nacional, sino regional.
En abril de 2022, tras la masacre que dejó 20 presos muertos, cinco cabecillas fueron trasladados de Turi a La Roca en Guayas, entre ellos estaban Alexander Ariel Quezada Sanmartín, líder de Los Lobos, y Freddy Marcelo Anchundia Loor, jefe de los R7.
La última masacre en Turi fue precisamente por una disputa entre estas dos organizaciones delictivas. Los R7 se cansaron del abuso de poder de Los Lobos, que mantienen el control del centro penitenciario desde que le ganaron territorio a Los Choneros en 2021.
Por fuera de la cárcel de Turi, Los Lobos tampoco permiten que otras organizaciones ingresen en su territorio. Hay algunos indicios de disputas por el control del negocio de la venta de narcóticos, según la Policía.
Uno de esos indicios, que aún está en investigación, parece ser un doble crimen que sucedió a inicios de agosto de 2022. Dos hombres fueron encontrados embalados en el río Cuenca, al norte de la ciudad.
Las personas asesinadas llegaron Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas. “Se dedicaban al microtráfico en la zona de tolerancia donde residían, hasta que fueron asesinadas, por una presunta disputa de territorio“, explica William Egas, comandante subrogante de la subzona de Azuay.
El fiscal provincial de Azuay, Leonardo Amoroso, dice que se presume que el crimen fue un ajuste de cuentas porque uno de los cuerpos tenía un cartel con la leyenda ‘Para Ronald y Anchundia. R7 capturado y muerto’.
La Fiscalía provincial investiga si el hallazgo, el viernes 26 de agosto, de un cuerpo decapitado en el río Yanuncay, también tiene relación con el expendio de drogas. La víctima fue identificada como Jonathan Alexander Ordóñez.
Ordóñez salió dos semanas antes de la cárcel de Machala, donde estuvo preso por asesinato. Además, tiene antecedentes por venta de drogas.
Estos casos se suman a las investigaciones de tres sicariatos que ocurrieron a inicios de año en Cuenca, dos en la zona de tolerancia del Barrio Cayambe. Estos crímenes dieron la alerta de la posible presencia del crimen organizado en Azuay.
La Policía y la Fiscalía se niegan a atribuir las muertes violentas ocurridas en Cuenca (27 en lo que va del año) a ninguna estructura criminal. El comandante de la Policía en Azuay, William Egas, asegura que los grupos organizados que operan en esa provincia “están identificándose todavía”.
Egas explica que Azuay tiene una tasa de cuatro muertes por cada 100.000 habitantes, lo que la mantiene como una “de las más bajas del país” y asegura que los crímenes ocurridos las últimas semanas alarmaron a la sociedad cuencana, pero “son hechos aislados”.
Los asesinatos no son los únicos delitos que preocupan a las autoridades. La Policía también ha recibido alertas de presuntas extorsiones a propietarios de negocios, a cambio de no hacerles daño, una modalidad conocida como “vacuna”.
Egas aseguró que se abrió una investigación para determinar si las alertas son reales. El jefe policial explicó que es importante que las personas que reciban este tipo de amenazas extorsivas denuncien los hechos para ampliar las investigaciones. Recordó que si alguien los está extorsionando y tienen temor a denunciar, esos casos se pueden tratar de manera reservada.
La Fiscalía registra entre enero y agosto de este año 144 denuncias de extorsión en Azuay, 31 más que en el mismo periodo de 2021. Además, 133 tentativas de extorsión, cuando el año anterior fueron solo 10. Estos hechos delictivos llevan a las autoridades a buscar soluciones para mejorar la seguridad en Cuenca y Azuay. Por ejemplo, se intensificaron los controles de armas, municiones y explosivos en las zonas identificadas como las de mayor incidencia delictiva.
Además, esta semana, la cúpula policial de la provincia fue renovada después de que tres uniformados fueron vinculados a un crimen ocurrido en el Centro Histórico de Cuenca.
Fuente: Primicias