El trámite del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, enfrenta un nudo crítico. Esto se debe a que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no aprobó un informe motivado sobre esta causa, luego de agotar la fase de pruebas de cargo y de descargo que tomó 30 días.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), convocó al Pleno para una resolución. La reunión está prevista para el martes 9 de mayo, a las 10:45. Mientras la oposición busca destrabar esta causa, el oficialismo puso reparos a la convocatoria.
El titular de la Legislatura ratificó que se aplicará el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que da la atribución al Pleno para decidir «cuando en las comisiones no exista la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización».
«No existe jurídicamente el informe. Al no existir el informe, el Pleno de la Asamblea tiene que resolver si es que no se llama a juicio al Jefe de Estado o si se le llama a juicio», dijo Saquicela.
El titular del Parlamento es aliado de la oposición legislativa que lidera el correísmo de Unión por la Esperanza (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).
Oficialismo discrepa por informe
Sin embargo, Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada oficialista, tachó de «ilegal e inconstitucional» a este procedimiento.
Para legisladores del Gobierno, se debía aplicar el pronunciamiento del Procurador General del Estado, donde se concluyó que no es posible elaborar o presentar otro informe distinto al que hizo el equipo asesor de la Comisión de Fiscalización, a pesar de que no fuera aprobado.
Mireya Pazmiño, una de las asambleístas proponentes del juicio político, restó validez a ese criterio jurídico, pues adujo que no fue solicitado por el Parlamento, sino por la defensa de Guillermo Lasso.
Villavicencio consulta a la Corte
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (independiente), remitió un pedido a la Corte Constitucional para que esta instancia se pronuncie.
El borrador de informe recomendaba no dar paso al enjuiciamiento político, al no haber determinado que Lasso incurrió en peculado, pero alcanzó cuatro votos a favor y cinco en contra, por lo que no fue aprobado el pasado sábado 6 de mayo.
Además, el asambleísta Flores fustigó que se pretenda resolver esta causa con una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los asambleístas presentes en la sesión del Pleno.
El capítulo IV de la Ley Legislativa regula el enjuiciamiento político en el caso del Primer Mandatario, un proceso inédito en la historia reciente del país.
«Vencido el plazo de actuación de la prueba (…), la Comisión de Fiscalización remitirá al Presidente de la Asamblea, en el plazo máximo de diez días improrrogables, un informe motivado para conocimiento del Pleno que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político al Presidente de la República», dice la norma.
Fuente: El Comercio
