Con 88 votos a favor de entre 116 legisladores presentes, el Pleno de la Asamblea llamó a juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por supuesto peculado, este martes 9 de mayo del 2023.
Los votos a favor provinieron de las bancadas del correísmo de Unión por la Esperanza (Unes), el Partido Social Cristiano (PSC), parte de Pachakutik (PK) y de una facción de la Izquierda Democrática (ID).
También hubo 23 votos en contra de este proceso, por parte del oficialismo, y 5 abstenciones de legisladores de la ID. En tanto que otros 21 asambleístas, en su mayoría de Pachakutik, no participaron de la votación.
Para aprobar la resolución se requería de una mayoría simple, es decir, de la mitad más uno de los presentes: 59 legisladores, en este caso.
Tras esta decisión, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocará a Lasso a que acuda al Pleno para defenderse. El proceso cerrará con una moción de censura y destitución, que dependerá de 92 votos.
La votación se dio tras casi cuatro horas de debate, del que participaron 20 asambleístas de distintas bancadas.
Correísmo presentó la moción
La moción fue presentada por la asambleísta correísta Viviana Veloz (Unes), con el propósito de “enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso por la infracción constitucional de peculado” en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
En la moción se detalla que “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos «pools» de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo”.
Se trata de un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers para la renta de buques petroleros, que fue suscrito en el 2018 durante el Gobierno de Lenín Moreno. La oposición presume responsabilidades políticas de Lasso por no haber terminado con ese acuerdo comercial, a pesar de denuncias de irregularidades.
En la moción se sostiene que el Jefe de Estado junto al exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) Hernán Luque Lecaro «definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”. El exfuncionario permanece prófugo de la justicia.
El siguiente paso es que el Presidente de la Asamblea Nacional continúe con el trámite del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Además, se deberá notificar de forma inmediata al presidente Guillermo Lasso con la resolución tomada en el Pleno y con el respectivo expediente completo del proceso.
¿Cómo se desarrolló la sesión?
La resolución se dio tres días después de que la Comisión de Fiscalización no logró aprobar un informe elaborado por el equipo asesor y presentado por su titular, Fernando Villavicencio (ind.). El borrador del informe decía que no se presentaron pruebas que demuestren que Lasso incurrió en peculado.
En el debate, Villavicencio exhibió un certificado donde Flopec precisó que en la actual administración no ha firmado un nuevo contrato para el transporte de hidrocaburos en julio del 2022, como había sido anunciado en la etapa de pruebas. Sin embargo, Veloz llevó un papel de gran tamaño y aseguró que demuestra que se renovó el mismo en octubre de ese año.
Pero, Villavicencio restó validez al procedimiento en el Pleno, y reclamó al titular de la Legislatura y aliado de la oposición, Virgilio Saquicela (ind.), por no haber dado paso a que los 137 legisladores conocieran el proyecto de informe elaborado por la Comisión.
«Entonces, ¿qué va a votar? ¿Sobre qué va a resolver este Parlamento?Si no hay informe motivado, si no hay un informe sobre qué votar. Señor, presidente, si usted quiere seguir allí sentado y tiene todo el derecho, pero no torciendo la Ley, no torciendo la Constitución», enfatizó, antes de abandonar el hemiciclo.
El oficialismo colocó en sus curules unas pancartas donde se leía «resolución ilegal». La bancada acusó a Saquicela de haber cedido a un «canje de votos» para sostener el juicio político contra Lasso, a cambio del apoyo del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) para continuar en la Presidencia de la Legislatura, lo que se definirá el próximo domingo 14 de mayo.
«Se desconoce o se dice que no existe un informe porque ya suena el relojito de la votación del día domingo. Entonces, con estos antecedentes, si no existe un informe, a criterio de algunos legisladores en este Pleno, ¿sobre qué van a juzgar al presidente Lasso, me pregunto yo?», fustigó Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión.
«¿Sobre la demanda política que la Corte Constitucional ya dijo que es mínimamente verosímil?¿Sobre las pruebas solicitadas que oficie la Comisión?¿Sobre las pruebas solicitadas por la defensa del Presidente de la República?Eso tendrá que evidenciarse finalmente sobre qué vamos a juzgar al Presidente», insistió Cordero.
La asambleísta Veloz mencionó que para esta causa la Comisión de Fiscalización deberá entregar todo el expediente, pruebas, escritos, detalle de las votaciones y observaciones, mas no el borrador de informe que no fue aprobado el sábado pasado. Su coideario Roberto Cuero insistió en que no están obligados a probar que Lasso cometió peculado, pues no se trata de un juicio penal, sino las responsabilidades políticas.
En cambio, asambleístas de Pachakutik como Salvador Quishpe y Patricia Sánchez, o Ramiro Narváez, de la ID, señalaron que votaban a favor de esta causa como una forma de rechazo a la gestión del Gobierno.
Instantes antes de que arrancara la sesión, la bancada del correísmo salió del hemiciclo y anunció que declina su aspiración a la Presidencia de la Asamblea. El bloque de Unes confirmó que apoyará a Saquicela (independiente) para reelección en el puesto.
Marcela Holguín manifestó que lo hacían para mantener la mayoría opositora junto al Partido Social Cristiano (PSC) y asambleístas independientes, y para garantizar que el juicio contra Lasso continúe. Ella será nominada para continuar en la primera vicepresidencia.
De su parte, el bloque oficialista acusó al correísmo de promover un «golpe de Estado parlamentario» contra el Gobierno de Lasso. Además, señaló a Saquicela de responder a intereses de Rafael Correa y Jaime Nebot, a quienes identifica como los señores de Bélgica y Mocolí.
«¿A dónde quiere llevar al Ecuador?¿A la tranquilidad y la calma de que estén sentados en la silla?Nosotros nos jugaremos todas las cartas que tengamos en nuestras manos para garantizarles a los 18 millones de ecuatorianos un estado democrático», expresó el coordinador del oficialismo, Juan Fernando Flores.
A las 11:30, la asambleísta correísta Viviana Veloz (Unes) mocionó al Pleno que continúe juicio político contra Lasso. En ese momento se abrió el debate con 117 asambleístas presentes en la sala.
A las afueras del Palacio Legislativo la Policía reforzó el dispositivo de seguridad, debido a que el correísmo había convocado a manifestaciones, pero no se produjeron desmanes.
Mireya Pazmiño, una de las proponentes del juicio, llevó al Palacio Legislativo a estudiantes de la Federación de Estudiantes Secundarios. «Escuchen la voz de ellos que están pidiendo den paso a la destitución y censura de Guillermo Lasso Mendoza», dijo antes de iniciar la sesión.
Pasado el mediodía, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, abandonó el Pleno. Alegó que la sesión es ilegal. «Hagan lo que les dé la gana. Me voy. Es una sesión ilegal e inconstitucional. Aquí hay un pacto a cambio de votos para el juicio político contra Guillermo Lasso», señaló.
Ya en horas de la tarde, las fichas se continuaron moviendo y la noticia de la salida de una nueva asambleísta de la bancada del PSC llegó. Se trata de Geraldine Weber, quien anunció su salida del PSC por no estar deacuerdo con la alianza que existe con el bloque correísta.
Posición de Saquicela
La reunión se realizó luego de una convocatoria efectuada por Saquicela. El titular del Parlamento consideró que al no existir un informe sobre el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional debía resolver si se llama o no a juicio al Presidente Lasso, con mayoría simple.
El supuesto peculado por el cual se señala a Lasso se habría registrado en la empresa Flopec, que transporta el petróleo ecuatoriano.
En el proceso consta que Guillermo Lasso habría permitido que se firme un contrato, a pesar de que habría sabido que era lesivo para el Estado, por un examen de Contraloría y una alerta del gerente de esa empresa naviera estatal.
Según el dictamen de la Corte Constitucional, Guillermo Lasso puede ser juzgado políticamente en la Asamblea por las repercusiones de un posible peculado. Este es un delito, en que un funcionario público utiliza de manera ilegítima dineros o bienes públicos para obtener un beneficio propio o de terceros.
Fuente: El Comercio
