Los manifestantes piden además la liberación de los detenidos en las pasadas protestas violentas que dejaron al menos unas 50 personas muertas. Aunque no es un llamado generalizado entre los descontentos, también exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo. En la víspera, la presidenta, Dina Boluarte, llamó al diálogo a los convocantes y señaló las movilizaciones de tener una agenda política de trasfondo.
Una nueva convocatoria a protestar en las calles para exigir la renuncia de la presidenta peruana, Dina Boluarte. El llamado a movilizarse provino de organizaciones sindicales, políticas y sociales, quienes también demandan el cierre del Congreso, la conformación de una Asamblea Constituyente y el llamado a elecciones generales.
Las muestras de descontento son consideradas una continuación de las protestas que iniciaron con la detención del expresidente Pedro Castillo, tras intentar el cierre del órgano legislativo. Es por ello que, además de exigir la liberación del exmandatario, no son pocos los que piden la excarcelación de los retenidos en las marchas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de este año.
En este punto, destaca la agencia de noticias EFE que la liberación de Castillo no es un reclamo unánime. Eso ha resaltado las diferencias entre los que hoy se encuentran en la calle. La Policía Nacional peruana calculó en unas 4.000 personas quienes protestarán en Lima, la capital, donde se dispuso el doble de los agentes del orden.
Los primeros enfrentamientos de magnitud se dieron en la ciudad de Huancavelica, ubicada en el departamento de igual nombre. Las fuerzas de seguridad cargaron contra un grupo de manifestantes, quienes replicaron con el lanzamiento de piedras. Medios locales informaron que el hecho no pasó a tener una mayor connotación y que la protesta prosiguió de manera pacífica.
Entre otros hechos menores, las autoridades reportan bloqueo de vías de tránsito, unas siete carreteras, y el arresto de varias personas por actuar contra el orden público. A uno de ellos se le incautaron una docena de armas de fabricación casera. Unos 24.000 policías fueron desplegados a nivel nacional para evitar desórdenes.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció en la víspera ante los anuncios de manifestaciones. Boluarte afirmó que no permitiría ninguna “amenaza a la democracia, ni al estado de derecho” y señaló que la convocatoria tiene un matiz político. Según la jefa de Estado, su Gobierno respetará “las marchas de protestas pacíficas”, al tiempo que no se permitirá “actos de violencia”.
En la misma jornada, el medio local de noticias ‘RPP’ dio a conocer en la víspera que la mandataria de hizo un llamado a los protagonistas de la “toma de Lima”, la capital peruana, para que se desarrolle un diálogo con el Ejecutivo. Esto bajo la condición de que se lleve a cabo cuando los descontentos tengan una “plataforma de agenda social”.
En otro momento de su intervención, la jefa de Estado, citada por ‘RPP’ enfatizó que los peruanos son testigos de que su Gobierno, “desde el primer minuto, solo se ha dedicado a resolver minuto a minuto los problemas que a la patria aquejan”. Por su parte, el primer ministro peruano resaltó que “El derecho a la movilización, el derecho a la protesta, tiene la más importancia en un Estado constitucional de derecho. Estos derechos son consustanciales a la democracia, pero como todo derecho, no es un derecho absoluto. El único derecho es el derecho a la vida”, concluyó.
El intento del expresidente Castillo de cerrar el Legislativo, fue considerado como un intento de golpe de Estado por parte de varios entes gubernamentales. Su respectiva detención, sumada a una muy baja popularidad de Congreso, al que buena parte de los peruanos señala como el causante de la inestabilidad política que vive el país -seis presidentes en poco más de cuatro años- desembocaron en fuertes protestas antigubernamentales.
Según la agencia Reuters, organismos y grupos de derechos humanos han elaborado denuncias sobre el exceso de fuerza utilizado por las fuerzas de seguridad. También se les acusa de abuso de poder y de cometer presuntas ejecuciones extrajudiciales. Al menos 50 personas murieron en al menos tres meses.
El pasado mes de junio, Dina Boluarte se presentó ante la fiscalía después de una citación a declarar por las muertes y la actuación de las autoridades. El proceder de Boluarte también está bajo escrutinio bajo acusaciones de presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, por los enfrentamientos violentos en varias zonas del país como Puno, Junín o Ayacucho. La dignataria no podrá ser juzgada hasta que termine su mandato.
Fuente: France24
