La Ley de Inteligencia ya está en vigencia, luego de la publicación en el Registro Oficial. Eso significa que el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) puede ejecutar las interceptaciones a comunicaciones y solicitar información de conexiones a los operadores del servicio de telecomunicaciones, tal como está contemplado en los artículos 51 y 52.
¿Eso significa que el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) puede pinchar los teléfonos de cualquier persona? Los límites todavía pueden puntualizarse en el reglamento que elaborará el Ejecutivo, aunque tal como está la norma actual, deja a discrecionalidad el espionaje.
El Estado puede solicitar información a las Operadoras de Servicios de Telecomunicaciones
En la Ley de Inteligencia consta que «los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, al subsistema de inteligencia militar y al subsistema de inteligencia policial, previa solicitud debidamente justificada y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y el reglamento de la presente ley, la información requerida para el desarrollo de actividades y/u operaciones de inteligencia y contrainteligencia«.
Las empresas operadoras administran información sensible, desde los datos personales, como: nombre, cédula, dirección, plan contratado, tipo de dispositivo; hasta el historial de llamadas y de mensajes SMS, incluyendo cuándo, con quién y por cuánto tiempo.
Diana Maldonado, experta en ciberseguridad, explica que las empresas tienen datos sobre las IP usadas, horas de conexión, así como el tiempo de navegación, hábitos de consumo o los usuarios con quiénes ha interactuado.
La Ley también contempla que los operadores entreguen «información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, de telecomunicaciones digitales». Las solicitudes pueden hacerse durante cinco años, eso significa que las empresas administrarán la información incluso si una persona ya ha cerrado un plan del servicio.
Además, en la norma consta que los operadores deberán entregar la localización de las celdas donde se encuentren las terminales, eso hace referencia a la ubicación de una persona en un rango entre 100 metros y varios kilómetros, dependiendo del lugar, según explica Maldonado, además, dice que con esa facultad se podrán rastrear los movimientos de los usuarios siguiendo las torres a las que se conectó a Internet.
La ley de Inteligencia da la facultad al CIES de solicitar la interceptación de comunicaciones
En la Ley de Inteligencia consta que «la máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, por razones de seguridad integral del Estado, podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones».
Según Maldonado, las interceptaciones pueden incluir la lectura de mensajes SMS, activación de cámaras y micrófonos, incluso de Smart TV.
«Posiblemente, intervenir otras formas de comunicación si el proveedor lo permite o si tienen herramientas para hacerlo, por ejemplo, correos no cifrados», indica la experta. Alerta que se puede usar software espía para intervenir dispositivos.
Es decir, la capacidad de interceptación dependerá de la tecnología con la que cuenten los sistemas de inteligencia.
¿La Ley de Inteligencia pone en riesgo la privacidad de las personas?
En los artículos citados no se explica qué tipo de comunicaciones ni los límites de las interceptaciones, únicamente establece que deberán respetarse los principios de necesidad y proporcionalidad.
El abogado experto en protección de datos, Pablo Solines, dice que en la ley no están definidos esos principios, aunque señala que «la información requerida debe ser proporcional al riesgo que se quiere prevenir y que solo se recogerán los datos que son estrictamente necesarios para el proceso de investigación».
La última esperanza es que en el reglamento, que debe hacer el Ejecutivo, se incluyan los alcances de estos y otros artículos polémicos de la ley.
Para el abogado, el límite de la Ley de Inteligencia también está en los derechos contemplados en la Constitución, en particular, los relacionados con la privacidad y protección de datos personales.
«La ley debió establecer elementos y condiciones más claras para requerir la información personal de los abonados a los operadores de telecomunicaciones», indica Solines, y, además, cuestiona que no exista un procedimiento que contenga la posibilidad de sancionar en Caso de abuso a la ley, es decir, no existe un proceso de control al que debe estar sometido la autoridad de inteligencia nacional.
Fuente: Ecuavisa
