Johnny Tapia, morador del sector Victoria del Portete, acudió a una entrevista con radio La Voz del Tomebamba para ejercer su derecho a la réplica tras ser señalado por el abogado José Tarquino Orellana como presunto responsable de agresiones contra funcionarios municipales durante una inspección en la zona.
Tapia aseguró que el conflicto se enmarca en una disputa histórica por la tenencia de tierras en la comuna Sombrereras, cuyos antecedentes —según indicó— se remontan a finales del siglo XIX. Señaló que existen escrituras comunitarias desde 1891 y que varias familias han ocupado y legalizado sus parcelas bajo la figura de derechos y acciones.
En relación con el incidente denunciado, Tapia afirmó que los funcionarios municipales y el abogado Orellana llegaron al sector sin identificarse claramente y se movilizaban en un vehículo particular, lo que generó desconfianza entre los moradores. Según su versión, la comunidad interceptó el vehículo para exigir explicaciones ante la presencia de personas desconocidas en una zona considerada sensible por antecedentes de robos y conflictos vinculados a la minería.
El dirigente negó haber agredido físicamente a los funcionarios o haberlos retenido contra su voluntad y rechazó las acusaciones de secuestro, amenazas o delitos ambientales. Aseguró que las acciones de la comunidad se limitaron a pedir identificación y aclaraciones, y sostuvo que los propios funcionarios municipales retiraron los sellos de clausura colocados en el predio.
Tapia también desmintió que se estén desviando aguas hacia otros cantones o construyendo caminos para actividades mineras, y afirmó que los trabajos que se realizan en la zona corresponden a mingas comunitarias para dotar de agua potable a más de 300 habitantes del sector.
Finalmente, solicitó que Fiscalía investigue el caso de manera integral y pidió a las autoridades y a la ciudadanía visitar la zona para constatar la situación real del territorio.
