Hace un mes, un Tribunal Penal sentenció a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por desaparición forzada. Con ello, el denominado caso Las Malvinas finalizó al año y 14 días de la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven.
Sin embargo, tras el dictamen oral del 22 de diciembre de 2025, en el que 11 uniformados fueron sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión, y cinco a 30 meses por acogerse a la cooperación eficaz, aún no está por escrito la resolución.
Los militares fueron procesados luego de que los cuatro menores de edad desaparecieran tras ser capturados por la patrulla Tango Charlie en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, en diciembre de 2024. Los cuerpos aparecieron carbonizados días después en un manglar de la zona de Taura, en Naranjal.
El juicio contra los miembros de la FAE duró seis semanas. Durante las audiencias, la Fiscalía mostró dos videos clave en los que los menores eran amedrentados y golpeados por algunos de los uniformados. Además de chats entre los implicados sobre lo ocurrido esa noche, la ropa de los chicos hallada en Taura, los exámenes forenses que concluyeron que Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron torturados, asesinados e incinerados, entre otras pruebas documentales y testimoniales.
En el sistema de la Función Judicial, aún no consta el acta final de la audiencia. Tampoco el dictamen escrito del Tribunal Penal. Entre los recientes documentos subidos, consta un escrito de la defensa del teniente coronel para que se levanten las medidas cautelares en su contra y se desbloquee su cuenta bancaria.
Esto porque, en su caso, el Tribunal Penal ratificó su estado de inocencia y quedó absuelto. Así mismo, otros tres militares, pero que sí fueron declarados culpables, han solicitado también que se deje sin efecto la retención de las cuentas bancarias.
El fiscal del caso señaló que jurídicamente no afecta el que aún no exista un dictamen por escrito, ya que el Tribunal Penal dictó la sentencia oral. Esto mientras la defensa de las familias de los cuatro menores, espera el documento para pedir una ampliación y aclaración de la sentencia.
¿Qué se ha cumplido de la sentencia?
Durante su resolución, el titular del Tribunal Penal repasó los antecedentes del caso Las Malvinas. Detalló que se comprobó un “pacto de silencio de los involucrados” y los acusó de dolo y ocultamiento, factores propios del delito de desaparición forzada.
Además, el magistrado Jovanny Suárez calificó como reveladores y desgarradores los detalles que se expusieron en el juicio, tanto por la Fiscalía como la versión de los militares procesados. Enfatizó que los cuatro menores fueron conducidos a un sitio donde luego fueron desaparecidos y catalogó como ilegal la aprehensión y traslado de ellos hasta Taura.
Dijo que hubo coartadas fabricadas y negación de los hechos, sobre todo por parte del subteniente Henry Z., al mando de la patrulla. Algo que fue insostenible, ya que la prueba pericial de GPS ubicó a los vehículos de la FAE por más de una hora en el sitio donde Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron golpeados, obligados a desnudarse y vistos con vida por última vez.
Eso, para el Tribunal, constituyó “la causa de muerte de las víctimas”. En su dictamen, además de los 34 años y ocho meses de prisión para 11 militares y 30 meses para cinco, ordenó el pago de 800 salarios básicos equivalentes a USD 376 000.
En su resolución también se dispuso la implementación de capacitaciones en derechos humanos dentro de la institución militar y la publicación de disculpas en un medio de prensa escrita. Además, la FAE y los sentenciados debían difundir un extracto de la sentencia dirigido a los familiares de las víctimas.
Finalmente, el Tribunal ordenó una rectificación pública de las versiones difundidas en medios y redes sociales que estigmatizaron a los cuatro menores, que a criterio de los jueces, fueron víctimas inocentes de un crimen de Estado.
¿Pero qué se ha cumplido? A las pocas horas de la sentencia oral, el Ministerio de Defensa se pronunció. En un comunicado corto, expresó “respeto hacia el dolor de las familias de las víctimas”. Y subrayó que las Fuerzas Armadas “han actuado con apelo a la ley y a sus valores institucionales” y desde el inicio “se colaboró con absoluta transparencia”.
Sobre el pago, aún no hay información. Tampoco se ha evidenciado las publicaciones en las redes sociales y medios impresos que dispuso el Tribunal Penal.
El juez también ordenó que se identifique el puente donde fueron aprehendidos Josué, Ismael, Nehemías y Steven. Algo de lo que tampoco hay detalles.
Militares aún constan como miembros de las Fuerzas Armadas
Solo el teniente coronel Juan Francisco I., fue declarado inocente por el Tribunal Penal. Los 16 uniformados que fueron sentenciados, están detenidos desde el 31 de diciembre de 2024, cuando se formularon cargos en su contra.
Pese a todo el tiempo que han estado fuera de servicio, Ecuavisa.com constató que en la página de las Fuerzas Armadas aún constan como miembros de la institución.
En el sistema, al ingresar los datos de la cédula de los procesados, se refleja que SÍ registran datos en la entidad y el cargo respectivo: subteniente, suboficial, cabos y sargentos.
El fiscal del caso comentó a Ecuavisa.com que durante el proceso, se pidió copias certificadas de un sumario administrativo contra los militares acusados. Un proceso que lo llevaba la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde pertenecen los sentenciados.
La investigación por secuestro con muerte, aún estancada
Cuando el caso Las Malvinas pasó a ser investigado como desaparición forzada, el fiscal titular del caso emitió el 24 de diciembre de 2024 un oficio con las pruebas recabadas para que se abra una indagación previa por el delito de secuestro con muerte.
Una investigación que aún sigue estancada sin que se formulen cargos contra sospechosos identificados. Por eso, en enero de 2026, el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) denunció ante el Consejo de la Judicatura, a la fiscal Marjorie E., en quien recayó inicialmente el oficio.
Según el comunicado de la CDH, la fiscal señalada “se limitó a dar inicio a la investigación previa sin ninguna motivación constante en el expediente”. Además que el expediente no ´pasó a la Unidot en Guayaquil, “vulnerando derechos que le asisten a las víctimas”.
Para la CDH, estas acciones pueden hacer que se pierda evidencia fundamental para la investigación del caso y esclarecer qué pasó con Josué, Ismael, Nehemías y Steven luego de ser abandonados por la patrulla militar en Taura.
Oficialmente, la investigación previa se inició el 16 de enero de 2025 según la CDH. Sin embargo, supuestamente no hubo más diligencias que un impulso donde se delegó a un mayor de la Dinased para las investigaciones.
El oficial fue el que recabó información clave en 2024 que permitió el hallazgo de los cuerpos de los cuatro menores. En uno de sus informes realizados, detalló que el ciudadano Luiggi V., estaba en un bar la noche del 8 de diciembre de 2024 y vi cuando cuatro personas supuestamente se llevaron a los menores.
Ellos fueron posteriormente identificados como miembros del grupo criminal Los Águilas. Dos presuntamente eran familias de alias Momo, el cabecilla de la organización, quien habría ordenado secuestrar, asesinar e incinerar a Josué, Ismael, Nehemías y Steven.
Alias Momo —en la fecha que fueron asesinados los menores— estaba preso y días después salió de prisión tras obtener un polémico habeas corpus. En marzo de 2025 fue nuevamente capturado y sentenciado por tráfico de armas.
Ecuavisa.com conoció que ha sido convocado al menos dos veces, a rendir su versión del caso. Pero, pese a cumplir prisión, no se ha conectado vía Zoom a las convocatorias. Se desconocen los motivos de la falta de conexión.
Otra persona convocada a rendir su versión ha sido Luiggi V. Pero de él tampoco hay rastro. Incluso estaba convocado como testigo durante el juicio contra los militares, pero no pudo ser ubicado por los uniformados y solo se tomó su primera versión escrita como prueba.
Luego de esa versión, Luiggi V. dio otra, en la que, según conoció Ecuavisa.com, se contradijo sobre alias Momo y los cuatro miembros de la banda criminal.
La CDH por su parte, enfatizó en su denuncia que la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la
Delincuencia Organizada Transnacional No. 2 lleva a cabo la investigación previa “sin ninguna motivación”. Agregó que en noviembre de 2025, se extrajo información sobre la muerte de los menores.
También que se sacaron datos del celular de alias Momo, señalado como presunto autor intelectual de los menores. En dicho teléfono -y que Ecuavisa.com publicó en exclusiva– había una fotografía de un hombre aparentemente con uniforme militar, deteniendo a un joven.
El Comité enfatizó que “no tiene información sobre la identidad del detenido”. Y considera prioritario tomar en cuenta ese elemento para analizar “ la posible conexión entre agentes del Estado y estructuras del crimen organizado en el contexto de este caso”.
Por ahora, el CDH pide que se agilice la investigación. También que se inicie un sumario administrativo contra la fiscal Marjorie E., que tomó inicialmente el caso de secuestro con muerte, que luego de un año, no hay formulación de cargos ni instrucción fiscal.
Fuente: Ecuavisa
