El director de la Comisión de Gestión Ambiental (CGA) de Cuenca, Carlos Orellana, cuestionó las recientes reformas a la Ley de Minería y aseguró que los cambios podrían debilitar los controles ambientales, especialmente en la etapa de exploración.
En una entrevista con radio La Voz del Tomebamba, Orellana respondió a declaraciones del asambleísta Adrián Castro, quien sostuvo que el Municipio no actuó oportunamente frente a notificaciones relacionadas con el proyecto minero en Quimsacocha. El funcionario municipal mostró documentación para afirmar que el 5 de marzo de 2024 se respondió formalmente al Ministerio del Ambiente, señalando que no era viable avanzar en una consulta previa sin cumplir antes con disposiciones judiciales pendientes.
“Esas mentiras se desvanecen con documentos”, enfatizó.
Sobre el contenido de la reforma, Orellana expresó preocupación por los cambios en la etapa de exploración minera. Indicó que la nueva normativa podría permitir que actividades como apertura de trochas, perforaciones o instalación de campamentos se ejecuten sin estudios de impacto ambiental de alta complejidad, al considerarse la exploración como una fase preliminar.
“Está bien agilizar procesos, pero no que esa agilidad vaya en desmedro del ambiente”, señaló.
El director de la CGA sostuvo que, aunque la reforma incorpora disposiciones sobre el respeto a consultas populares, la protección de Quimsacocha ya está garantizada por el artículo 106 de la Constitución, que otorga carácter vinculante a estos mecanismos de participación ciudadana.
Finalmente, defendió la gestión ambiental del alcalde Cristian Zamora y afirmó que el Municipio mantendrá su postura de defensa del agua frente a cualquier intento de regresividad ambiental.
