Los allanamientos ejecutados contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, forman parte de una fase investigativa y no implican el inicio de un proceso penal en su contra, según explicó el exfiscal provincial del Azuay, Lizandro Martínez.
Durante una entrevista con radio La Voz del Tomebamba, el jurista detalló que estas diligencias se derivan de un examen especial de la Contraloría General del Estado, cuyos resultados habrían sido remitidos a la Fiscalía General del Estado para su análisis.
“Un allanamiento no significa el inicio de un proceso penal, es parte de una investigación en la que se buscan elementos de convicción”, explicó Martínez.
Durante el operativo, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos y documentación que ahora deberán ser analizados mediante pericias autorizadas por un juez, respetando el debido proceso.
El exfiscal subrayó que la investigación se encuentra en una fase previa y que solo si se reúnen suficientes indicios, la Fiscalía podrá avanzar hacia una etapa formal de instrucción fiscal.
“En este momento no se puede hablar de culpabilidad ni de inocencia. Existe una presunción de inocencia que se mantiene hasta el final del proceso”, puntualizó.
Martínez explicó que el procedimiento legal inicia con un examen de la Contraloría, que incluye fases de descargo por parte del investigado, y que únicamente cuando se determinan indicios de responsabilidad penal, el caso pasa a la Fiscalía.
Asimismo, recalcó que toda diligencia, como el allanamiento, debe contar con la autorización de un juez de garantías penales, quien evalúa los elementos presentados por el fiscal antes de emitir la orden.
En este contexto, advirtió que la defensa debe realizarse en instancias judiciales y no en el ámbito público. “Los descargos no se hacen en los medios ni en redes sociales, se hacen ante la Fiscalía”, señaló.
Sobre los cuestionamientos políticos alrededor del caso, Martínez consideró que no existen elementos para afirmar una persecución.
“Todas las actuaciones están sujetas a la ley. No considero que haya una influencia política, sino un proceso que debe seguir su curso conforme al derecho”, afirmó.
El exfiscal también recordó que, de no encontrarse elementos suficientes, la investigación puede ser archivada; caso contrario, la Fiscalía podrá formular cargos e iniciar un proceso penal formal.
