La representante de ONU Mujeres en Ecuador, Miriam Bandes, encendió alertas durante su visita a Cuenca: los avances en igualdad de género conviven con riesgos de retroceso, especialmente en financiamiento, participación política y violencia contra las mujeres.
Apenas con dos meses en el país, Bandes llegó a la ciudad para evaluar programas vinculados a prevención de violencia, autonomía económica y participación política femenina. Su diagnóstico es claro: Ecuador ha avanzado en paridad formal, pero no en condiciones reales.
Paridad sin garantías reales
Aunque la legislación electoral ha impulsado la participación femenina, Bandes advierte que el acceso a espacios de poder sigue marcado por desigualdad y violencia, sobre todo en entornos digitales.
“La participación de las mujeres sigue siendo más difícil y está constantemente cuestionada”, señaló. Desde ataques en redes hasta descalificación pública, la violencia política —especialmente digital— se mantiene sin regulación efectiva.
Ante este escenario, confirmó que se trabaja con el Gobierno en una propuesta de ley para tipificar la violencia digital y establecer sanciones. “Hoy existe impunidad. Se puede agredir sin consecuencias”, sostuvo.
Reforma al COOTAD bajo la lupa
Uno de los puntos más sensibles es la reforma al COOTAD, que obliga a los gobiernos locales a destinar el 70% de su presupuesto a inversión.
Bandes advirtió que, si no se interpreta adecuadamente, esta medida podría afectar programas clave como casas de acogida y servicios de atención a víctimas de violencia.
“Estos recortes tienen una mirada diferenciada: afectan más a las mujeres”, afirmó, tras visitar espacios de acogida en la ciudad.
Un problema global que impacta lo local
La representante de ONU Mujeres enmarcó la situación en una tendencia más amplia: un retroceso global en derechos de las mujeres.
“Hay una ola de retrocesos. Se priorizan otros temas antes que la seguridad de las mujeres”, alertó, insistiendo en que garantizar espacios seguros no es opcional, sino una responsabilidad estatal.
Pese a las alertas, destacó iniciativas como programas de ciudades seguras y prevención de violencia que se ejecutan en Cuenca, articulando sociedad civil, gobiernos locales y fuerza pública.
Sin embargo, el reto —subrayó— sigue siendo estructural: pasar de políticas formales a cambios reales que garanticen seguridad, participación y derechos.
