La presión financiera sobre los hogares ecuatorianos empieza a reflejarse con fuerza en los tribunales. En la provincia del Azuay, el incremento de demandas por deudas evidencia un escenario de sobreendeudamiento y fragilidad económica que golpea a miles de ciudadanos.
El abogado César Coronel, especialista en la materia, advierte que el problema es estructural: “Tres de cada diez personas con créditos vigentes no están pagando a tiempo”, una cifra que, trasladada al sistema judicial, se traduce en más de 1,5 millones de demandas por deudas en el país durante los últimos tres años.
En ese contexto, Azuay se ubica como la cuarta provincia con mayor número de procesos, superando las 90 mil demandas. De ese total, el 55% corresponde a juicios ejecutivos derivados de pagarés, un mecanismo que permite medidas inmediatas como embargos o sentencias rápidas si el demandado no responde en plazos cortos.
Pero el dato más preocupante está en la insolvencia. Mientras a nivel nacional estos casos representan entre el 6% y 7%, en Azuay alcanzan el 15%, más del doble del promedio. La insolvencia implica severas restricciones legales: imposibilidad de disponer de bienes y prohibición de salir del país, configurando lo que el experto describe como una “muerte civil”.
Coronel señala que factores como la migración inciden en este fenómeno. Muchas personas abandonan el país dejando obligaciones pendientes, sin considerar que las deudas continúan su curso legal. “Irse no elimina la deuda. Hay casos de personas que regresan años después y no pueden volver a salir del país por procesos pendientes”, advierte.
El especialista también alerta sobre prácticas irregulares, como suplantación de identidad o falsificación de firmas, que derivan en deudas inexistentes para las víctimas. En estos casos, recomienda acudir de inmediato a la Fiscalía y exigir peritajes que permitan anular las obligaciones fraudulentas.
En medio de este panorama, el acceso a información se vuelve clave. Revisar periódicamente el historial crediticio es, según el abogado, una herramienta fundamental para evitar sorpresas y tomar decisiones financieras informadas.
El aumento de juicios por deudas no solo revela problemas individuales de pago, sino una señal de alerta sobre la salud económica de la población y la necesidad de políticas que aborden el endeudamiento de forma integral.
