La nueva Ley de Inteligencia, que está en vigencia desde la tarde del miércoles, 11 de junio de 2025, impide que se conozca cómo se manejarán los gastos especiales que se usarán en las operaciones. Antes esos gastos se llamaban reservados y la nueva ley dice que sus respaldos serán destruidos.
Según la norma, el organismo rector de inteligencia, al que no da nombre, contará con un fondo permanente de gastos especiales. Solo el monto total será público porque constará en el presupuesto estatal, pero las asignaciones para las operaciones de inteligencia y contrainteligencia serán reservadas.
Estos gastos solo serán observados por la Contraloría General del Estado que los auditará trimestralmente y que después de hacerlo, quemará toda la documentación. La ley impide que cualquier otra institución solicite información sobre los gastos especiales ni auditarlos, además, los directores del sistema de inteligencia no podrán pedir datos sobre las administraciones anteriores.
La nueva ley termina con la disposición, vigente hasta el miércoles, que obligaba a mantener respaldos documentales sobre el uso de los fondos, sin que se especifique a sus destinatarios finales. Esa información se podía desclasificar en 15 años, lo que ya no sucederá con la ley ahora vigente.
La Ley de Inteligencia también permite interceptar comunicaciones
Las normas sobre el manejo de los gastos especiales hacen parte de la polémica ley, que entre otros temas, permite la interceptación de comunicaciones, correspondencia y documentos de cualquier ciudadano sin orden judicial, al igual que la obtención de información de las operadoras de telecomunicaciones y cualquier empresa privada, solo con una disposición administrativa.
Quienes no respaldaron la ley en la Asamblea, entre ellos el correísmo y el Partido Social Cristiano, creen que la norma podría terminar en la Corte Constitucional, en donde estas disposiciones pueden ser derogadas.
Fuente: Ecuavisa
