El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el pasado lunes 11 de marzo de 2019 en Washington el acuerdo de Facilidad Extendida con Ecuador por USD 4 200 millones, en un programa de desembolsos que se ejecutará hasta el 2021.
El primer desembolso será inmediato, por USD 652 millones, informó el ente. Los recursos llegarán en máximo tres días contados a partir del día de la aprobación.
El Ministerio de Finanzas confirmó que el préstamo tendrá una tasa de interés de alrededor del 3% y deberá pagarse en un plazo de 10 años (cuatro de ellos son de gracia).
Tras la reunión en Washington, la directora del FMI, Christine Lagarde, indicó mediante un comunicado que el eje central del programa del Ecuador y que ha sido apoyado por el Fondo es “llegar a una posición fiscal sólida”.
Lagarde detalló que el objetivo del plan es reducir la relación deuda/PIB, que hasta enero de este año se ubicó en el 44,9%. Según el FMI, esto se logrará a través de varias acciones. Una es un “reequilibrio de la masa salarial”.
Una segunda acción es la optimización “cuidadosa y gradual de los subsidios a los combustibles”, que el Gobierno empezó el 2018.
La tercera acción del programa mencionado por Lagarde es “repriorizar el gasto de inversión y de bienes y servicios”; mientras que la cuarta medida es una reforma fiscal.
Según la Directora, los ahorros generados por estas acciones permitirán aumentar el gasto en asistencia social.
“Las políticas del Gobierno están destinadas a reforzar la posición fiscal y mejorar la competitividad y contribuirán así a disminuir las vulnerabilidades, a robustecer la dolarización y, con el tiempo, a fomentar el crecimiento y la creación de empleo”, añadió.
El documento, con el detalle de las metas que se establecieron en el programa, no se difundió hasta el cierre de esta edición (18:00).
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, destacó ayer que la aprobación del acuerdo es una muestra de que la comunidad internacional apoya el Plan Prosperidad, que el Gobierno implementa desde el año pasado.
“Esto devuelve la confianza para que los inversionistas locales y externos amplíen inversiones en el país”, añadió.
Los desembolsos del préstamo del FMI no están condicionados a que se mantenga inmóvil un monto del préstamo dentro de la cuenta de reservas internacionales, explicó la gerenta del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola.
Cuando el equipo técnico del ente aprobó el acuerdo, el 20 de febrero pasado, el ministro Martínez explicó que los recursos darán holgura a la Caja Fiscal para atender dos requerimientos prioritarios.
El primero es el pago de atrasos a proveedores y a 500 Gobiernos Autónomos y Descentralizados (GAD) y, segundo, la puesta en marcha de obra pública. Una fuente del Ministerio de Finanzas señaló que los atrasos con proveedores sumaban USD 250 millones hasta ayer, mientras que con los GAD ya se está al día.
Hasta enero pasado, los atrasos acumulados con proveedores ascendieron a USD 540 millones y no se pudieron atender por falta de liquidez en la Caja Fiscal. El Gobierno aseguró que priorizará el pago a los pequeños y medianos proveedores y a los de la economía popular y solidaria.
Con estos recursos, además, se espera ejecutar obras del Plan Anual de Inversión (PAI) paralizadas o de arrastre, e iniciar obras ya previstas.
La obra pública puede reactivarse aún más con los USD 6 079 millones que llegarán al país durante los próximos tres años, provenientes de otros seis multilaterales, producto del acuerdo con el FMI.
El Banco Mundial es uno de ellos. Está previsto que este mes el Directorio del ente apruebe un desembolso de USD 350 millones al país.
Con los recursos de los multilaterales se iniciarán obras como la carretera Río 7 Huaquillas, el puente Tachina, el Hospital Verdi Cevallos y el Pablo Arturo Suárez, señaló el mes pasado el presidente de la República, Lenín Moreno.
De acuerdo con la ejecución presupuestaria, hasta el 11 de marzo, el Gobierno ha devengado USD 594,4 millones de los USD 7 337 millones presupuestados para gastos de inversión; es decir, el 8% del total de lo proyectado para el año.
Otra presión que tendrá que atender el Fisco con este dinero es el pago de la deuda pública. Este año el Gobierno deberá cancelar USD 3 535 millones en intereses de deuda, según el Presupuesto 2019.
De acuerdo con el cronograma de deuda, en este mes se demandarán mayores recursos, respecto de enero y febrero, porque se deberán pagar amortizaciones e intereses de deudas como bonos soberanos y créditos con multilaterales.
Fuente: El Comercio
