Hoy, en Quito, un juez constitucional le dio la razón a las comunidades cercanas del proyecto minero Loma Larga, en Azuay, y dispuso suspender la consulta popular prevista para el 24 de marzo próximo.
En otras palabras, se acogieron las medidas cautelares interpuestas por el colectivo ‘Unidos por el Desarrollo’, y se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que aplaze la consulta hasta que exista un dictamen previo de la Corte Constitucional respecto al proceso y a la pregunta planteada.
El Dato
El proyecto, ubicado en la zona de Quimsacocha, está a cargo de la empresa canadiense INV Metals. Los pobladores de las parroquias de Victoria Portete y San Gerardo, dentro de la zona de influencia del proyecto minero, interpusieron el pedido de medidas cautelares porque consideran que la consulta popular se ha utilizado de manera política y ha sido impulsada por gente de fuera de sus comunidades
Por su parte, desde el viceministerio de minas se congratularon con esta última decisión judicial, que debe ser comunicada inmediatamente al CNE, la Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional.
El 14 de febrero pasado, una juez provincial había negado el pedido de medidas cautelares presentado por el gobierno. (JS)
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