Juicio político a María Fernanda Espinosa tiene al tiempo en contra

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Todo está listo para llevar a cabo el juicio político en contra de la excanciller, María Fernanda Espinosa, quien se desempeña como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esto, luego de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificará a trámite la solicitud por incumplimiento de funciones, de acuerdo a lo resuelto en la sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Sin embargo, ante los cambios de autoridades, que están a la vuelta de la esquina (14 de mayo), los tiempos no darían para que se ejecute el proceso a tiempo.

“Vamos a solicitar un exhorto para que la comisión trabaje con prioridad este caso y no quede en el limbo”, indicó la socialcristiana Cristina Reyes, quien insta para que Espinosa sea juzgada políticamente.

Fue Reyes quien, desde el CAL, presentó evidencias sobre el mal manejo de Espinosa al darle la naturalización a Julian Assange; además de cobrar miles de dólares desde el Estado ecuatoriano para su estancia en EE.UU., por su cargo en la ONU.
Postura

La asambleísta María José Carrión (PAIS), presidenta de la Comisión de Fiscalización, constató que la solicitud a juicio cuenta con todos los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución, es decir, con el número de firmas de respaldo -en este caso de 53 legisladores-, el planteamiento por incumplimiento de funciones y dentro del tiempo establecido.

El Dato
Naturalización a Assange, labor en la frontera norte y millonaria manutención, son las causas que se denuncian.

Carrión dispuso notificar a las partes: mediante Cancillería, a la exministra; a las entidades públicas; y a los exfuncionarios que han sido calificados para comparecer. Hasta ahora Espinosa no ha emitido declaraciones al respecto.

Procesos anteriores

La solicitud de juicio político en contra de Espinosa es uno de los tantos que se han presentado en la Asamblea Nacional en los últimos dos años.

La asambleísta Mae Montaño, por ejemplo, tuvo que esperar siete meses para su solicitud de juicio político en contra del exprocurador general, Diego García. Mientras que otros ni siquiera llegan al Pleno, por lo que varios asambleístas consideran que el sistema de fiscalización de la Ley Orgánica de la Función Legislativa debería cambiar. Una Ley que dentro de la Comisión de Justicia está en proceso de debate para reformas.

El juicio político al exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, dio su destitución y censura; al igual que el del excontralor, Carlos Pólit. Mientras que las mismas solicitudes para Gustavo Jalkh (expresidente del Consejo de la Judicatura), Christian Cruz, exsuperintendente de Bancos, y Rubén Flores, exministro de Agricultura, quedaron en el limbo. (JDC)

La Hora