El pasado martes 7 de mayo del 2019, el contralor General del Estado subrogante, Pablo Celi, solicitó un examen especial a los procesos de contratación y ejecución de los contratos para la adquisición de medicamentos, insumos y reactivos para las pruebas del VIH/sida. Además a su recepción, distribución y uso por parte del Ministerio de Salud y entidades relacionadas.
El periodo de análisis será del 1 de julio del 2014 al 30 de abril del 2019. La Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social será la encargada de hacer la investigación de este caso.
Este hecho salió a la luz tras una publicación en un medio digital, en el que se habló de fallas en los resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH/sida.
Sobre el tema Carlos Durán, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, dio detalles en un programa radial. Lo hizo la mañana de este jueves 9 de mayo del 2019.
Durán explicó que para diagnosticar VIH/sida se requieren dos pruebas. En el 2017, el Ministerio de Salud acogió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se cambió el algoritmo para el diagnóstico. Pasó de enviar al paciente a un laboratorio en las cabeceras provinciales, para confirmar la presencia del virus, a hacer este proceso en los centros de salud, sostuvo.
“Es lo que se llama pruebas rápidas confirmatorias en el primer nivel de atención (centros de salud)”.
Cuando llegaron las pruebas –señaló- hubo las “primeras alertas de posibles problemas”. “Ante la sospecha dimos la orden, y tenemos por escrito, que se retiren las pruebas en todo el país”.
Tras esta acción se solicitó un examen a la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), que descartó los problemas de falsos positivos y negativos. Se lo plasmó en un informe concluyente, del 15 de abril del 2019.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una lista de insumos precalificados o certificados por su efectividad. Las pruebas rápidas están dentro de este listado.
