El gobierno emitió un Decreto Ejecutivo para “contextualizar” la declaratoria de estado de excepción del sistema de rehabilitación social, a nivel nacional, que fue dispuesta desde el 16 de mayo de 2019.
Once días después, el documento, que fue publicado la noche del 27 de mayo, aclara que la movilización de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) está destinada al control de armas en el perímetro y zonas de influencia de los centros de privación de libertad.
Esto no quedó especificado en la declaratoria de emergencia por lo que hubo confusión sobre el rol que cumplirían los militares, sobre todo, si debían o no ingresar a las cárceles.
Quienes sí pueden ingresar son los policías, que entre otras funciones, al interior de los centro de privación de libertad está: revisar las misivas, cartas y comunicados de cualquier tipo, antes de que estos sean entregados al reo.
También, junto a los guías penitenciarios, deberán evitar la aglomeración de privados de la libertad porque está en vigencia la suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión de los presos, con excepción de los que formen parte del programa Plan de Vida.
En los considerandos de este último decreto, emitido por el presidente Lenín Moreno, se detallan algunas de las falencias encontradas en las cárceles del país y que motivaron la declaración de estado de excepción.
En cinco centros de privación de libertad las cámaras interiores se encuentran en mantenimiento impidiendo su uso; 23 cárceles carecen de dispositivos de grabación de video en formato digital tanto al interior como al exterior de las prisiones.
Entre enero y mayo de este año, se han hecho 297 operativos provocando la incautación de 14 armas de fuego, 4.262 armas cortopunzantes; 1.037 teléfonos celulares y 2.968 accesorios de telefonía celular.
El 80% del parque automotor del sistema de Rehabilitación Social necesita mantenimiento mecánico, especialmente la reparación de motores.
La Corte Constitucional también informó que este 28 de mayo ingresó al organismo el “alcance y contextualización” del Ejecutivo y que ambos decretos, el del 16 y 27 de mayo, se acumularán para hacer el análisis de constitucionalidad, que será tratado y resuelto esta misma semana.
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