La versión oficial asegura que fue un error de buena fe, aunque no todos en la Asamblea se lo creen. Lo cierto es que el 18 de diciembre del año pasado, cuando se aprobaron en segundo debate las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación del correísmo (LOC), el Pleno creyó haber votado por la eliminación del artículo 5, que cataloga a la comunicación como “servicio público”. Esa era, por lo menos, la posición de la mayoría: que había que eliminar ese concepto. Pero a la hora de enviar el texto final a Carondelet para su aprobación, y luego al Registro Oficial para su publicación, ese artículo quedó intacto. Hubo que enmendar, no por medio de una fe de erratas, como se estila últimamente, sino de la manera correcta: el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea una nueva propuesta de reforma a ese único artículo y ayer el Pleno se reunió para tratarla en primer debate.
Se trata de un mero trámite para corregir el error cumpliendo con las formalidades del procedimiento parlamentario. Todo lo que había que decir sobre este tema se dijo ya en diciembre. No faltó, sin embargo, un puñado de legisladores que tomaran la palabra para recordarlo: la comunicación no es un servicio público, es un derecho humano; la obligación del Estado con respecto a ella es garantizarla, no proveerla.
Tampoco faltó, porque ya es parte del folclor de esta Asamblea el desmemoriado pataleo de la bancada correísta: de “retroceso de la libertad de expresión” durante el actual Gobierno habló Marcela Holguín, que en los diez años anteriores avaló con su silencio la persecución de periodistas y medios orquestada por su líder.
A Holguín le preocupa la indefinición del concepto “medios de comunicación” en el actual texto de la ley. La anterior, precisamente en el artículo 5, se refería específicamente a radio, televisión y prensa escrita. La actual omite esa precisión y deja el campo abierto, lo cual, cree ella, puede dar lugar a que el Gobierno pretenda regular las redes sociales.
El dedo en la llaga lo puso el socialcristiano Henry Cucalón. Él trató de encontrar una explicación a lo ocurrido con la reforma al artículo 5 de la ley, aseguró que “Aquí no hubo ningún error” y hasta señaló un culpable: la oficialista Karina Arteaga, quien en la sesión del 18 de diciembre propuso (sin entender lo que decía, según Cucalón) dejar el texto de ese artículo tal como estaba. “Sus ocurrencias -concluyó- ponen en riesgo a la democracia”.
A la lista de responsables habría que añadir a Jorge Corozo, quien presidía la Comisión de Derechos Colectivos, encargada de sistematizar las reformas, y que recogió la propuesta de Arteaga sin advertírselo a nadie. Y al presidente Lenín Moreno, quien revisó el proyecto de reformas que le remitió la Asamblea y no vetó (porque no lo vio o porque no quiso) el artículo del conflicto.
Reformas
Una ley llena de agujeros
Todo el mundo lo tiene claro: la culpa de los errores (de buena o mala fe) que obligan a la Asamblea a volver sobre sus pasos (como en el caso de la LOC) o a intentar aparatosas soluciones (como la fe de erratas a la Ley del Adulto Mayor) es del procedimiento parlamentario. Las reformas a la Ley de la Función Legislativa son urgentes.
Fuente: Expreso
