La Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de ley que deroga el impuesto verde vigente desde el 2012, por la emisión de CO2 en vehículos de mayor antigüedad y mayor cilindraje; cuyo objetivo era reducir las emisiones de carbono.
La reforma se aplicará a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado.
El presidente de la República, Lenín Moreno, el 30 de mayo de 2019, remitió a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Derogatorio del Impuesto Verde, con el mismo objetivo del que se venía tratando dentro de la Asamblea.
Homero Castanier (CREO), ponente del informe en el pleno, señaló que la Comisión de Desarrollo Económico unificó los dos proyectos de Ley. Aclaró que la eliminación de este tributo no es contra el ambiente, porque lo recaudado no ha cumplido su objetivo y ha castigado a los pequeños productores que transportan sus productos a la zona urbana. Este impuesto ha afectado al bolsillo de millones de familias ecuatorianas, dijo.
Esteban Albornoz (AP), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, afirmó también que el impuesto verde no cumplió con el objetivo por el que fue creado. Apoyado en gráficos, afirmó que el 89% de los combustibles en el Ecuador lo consumen los vehículos y jeeps, que no está gravado con este impuesto; en tanto, que menos del 20% corresponde al sector transporte, el cual está gravado con el impuesto verde; por lo tanto, no se combatía el origen de la contaminación. Este impuesto estaba dirigido a la propiedad y no la disminución de la contaminación, señaló.
Wilma Andrade (ID) aseguró que es un impuesto inconsulto y perjudicial para los ecuatorianos; resaltó que este impuesto le ha generado al Estado $753 millones en el 2018, por lo que se tiene que pedir cuentas al Ministerio del Ambiente sobre el uso de los recursos que ingresaron por concepto de impuesto verde.
Planteó que se incluya una disposición transitoria para aplicar la retroactividad a favor de las personas que ya pagaron el impuesto. Reveló que hasta el momento el SRI recaudó $45.2 millones, con lo cual se pide la restitución y devolución de los recursos que ya pagaron.
Según el informe, la finalidad del tributo vigente desde el 2012, fue la de incentivar a los ciudadanos a fin de que adopten conductas ecológicas, además de que sean económicamente responsables y claro, que lo recaudado se destine a políticas ambientales, aunque nunca se establecieron en la Ley, según recoge el informe tramitado en la sesión 601 del pleno.
Terminado el primer debate el proyecto regresa a la comisión de Desarrollo Económico para el informe de segundo y definitivo debate.
Desde el 2012 y lo que va del año 2019, el Estado ha recibido aproximadamente $884 millones por concepto del Impuesto Verde.
Fuente: El Universo
