El remedio puede resultar peor que la enfermedad. El contrato para la nueva seguridad privada para la empresa pública Petroecuador, adjudicado el 27 de junio no se firmará, al menos por ahora. La estatal informó que se suspende la operación hasta que la Contraloría General del Estado revise los procedimientos precontractuales que llevaron a la entrega del contrato a Comseg.
Lo curioso es que, hasta que ese examen se realice, la cuestionada empresa Oro Negro continuará brindando seguridad para la petrolera ecuatoriana. Oro Negrofue adjudicada en marzo de 2016 por el ahora detenido exgerente de Petroecuador, Álex Bravo.
La empresa privada tuvo observaciones de la Contraloría, en 2017, porque la contratación se hizo “sin los estudios” sobre el número de puestos, presupuestoreferencial y sustentos de la experiencia solicitada.
También se evidenció que Petroecuador ignoró la recomendación del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) de declarar desierto el concurso por todas las anomalías del proceso. Bravo y su equipo firmaron el contrato por 38,9 millones de dólares para dos años.
Todo esto derivó en indicios de responsabilidad penal en contra de los exfuncionarios de Petroecuador. Entre ellos, Álex Bravo.
El problema es que ese contrato, pese a que venció el 2 de marzo de 2018, sigue extendiéndose hasta la fecha. Desde el fin del acuerdo, Petroecuador no ha concretado un nuevo concurso y se han firmado diez contratos (entre documentos complementarios y convenios de pago) para extender la seguridad de Oro Negro en la mayor comercializadora de crudo en el Ecuador.
En números, aunque la empresa de seguridad se adjudicó un contrato por 38,9 millones de dólares, hasta el momento ha recibido 64,9 millones de dólares por sus servicios. Una entrega de 26 millones de dólares adicionales para una empresa que incumplió los parámetros de contratación, según la Contraloría.
Ahora, a decir de información a la que accedió EXPRESO, con la suspensión de la firma para un nuevo contrato de seguridad privada, Petroecuador desembolsará un estimado mensual de 1,7 millones de dólares a favor de Oro Negro.
El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, defiende la suspensión del nuevo contrato -que aunque adjudicado, no está firmado- porque considera que la Contraloría debe hacer un acompañamiento al proceso para evitar sospechas. Ayer, este Diario publicó la serie de alarmas que despertó el concurso que adjudicó más de 39 millones de dólares a favor de la empresa privada Comseg.
Pablo Celi, contralor general del Estado, también tuvo observaciones al contrato que se iba a firmar esta semana. A su criterio, era necesario hacer un examen de todos los pasos previos a la adjudicación.
El control previo de la legalidad de los contratos que firma el Estado y sus empresas públicas es una preocupación, también, del procurador general, Íñigo Salvador. Él presentó, hace dos semanas, un proyecto de ley para que los entes de control recuperen la capacidad de revisar procesos antes de ser adjudicados.
Esa competencia se eliminó, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Por ahí se filtraron irregularidades.
La seguridad
Responsables
La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en contra de siete personas por la firma del contrato de seguridad con Oro Negro.
Valoración
Para el nuevo contrato, ahora suspendido, Petroecuador solicitó el informe del Interior para concretar la firma. Esa cartera no dio valores referenciales.
Estatales
Petroamazonas, como comparación, registra una reducción en sus contratos de seguridad privada. 20 millones menos desde 2014 hasta el año pasado.
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