La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que el Gobierno analiza ampliar el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social del país. El decreto firmado el 16 de mayo por el presidente Lenín Moreno, completa 60 días mañana, 16 de julio.
“Se va a revisar hoy. Las sugerencias de quienes hemos estado apoyando a la Secretaría Nacional de Atención Privadas de Libertad es que se amplíe el estado excepción decretado por el Presidente”, dijo Romo este lunes 15 de julio de 2019, en Guayaquil.
La declaratoria se aplicó para “atender las necesidades emergentes” del sistema. Sin embargo, durante la medida las muertes violentas aumentaron. Desde inicios de año se han registrado 15 asesinatos en los dos centros de privación de libertad de Guayaquil.
El hecho más reciente fue el sábado 13 de julio. Dos internos atacaron con cuchillos a otro recluso, en uno de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral. El violento crimen fue grabado con teléfonos celulares y difundido en las redes sociales.
Cinco organizaciones de Derechos Humanos emitieron este lunes 15 de julio un pronunciamiento para pedir al Ejecutivo “que se abstenga de renovar el estado de excepción”, al considera que no ha sido la vía idónea ni efectiva para superar una crisis penitenciaria. “El estado de excepción, con las medidas de militarización en los exteriores y el ingreso de la Policía Nacional, ha promovido mayor violencia”, afirman.
A través del documento exigen que se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad, que el Estado amplíe las visitas familiares para fortalecer los vínculos sociales y emocionales de los internos, que garantice la adecuada alimentación y atención médica.
También piden “que se renueve el Sistema Rehabilitación Social con la finalidad de evitar actos de corrupción dentro del Sistema Penitenciario” y que el Estado permita la intervención de una veeduría integrada por familiares, organizaciones que trabajan con la población carcelaria así como organismos internacionales contra la tortura.
Los grupos de Derechos Humanos además solicitan al Organismo Técnico de Rehabilitación Social que se pronuncie y responsabilice sobre las muertes ocurridas dentro de las cárceles.
Para Romo, gran parte de estos asesinatos se relaciona con la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. “El terminar con los pactos de tolerancia y detener a las personas provoca una serie de reacciones violentas que son parte de lo que estamos viviendo”.
