Francisca*, su esposo Leandro* y su hija de 10 años caminaban ahora hacia el lado sur, un sentido opuesto al norte infranqueable que habían buscado sin pausa desde que comenzaron en febrero su marcha hacia Estados Unidos.
Atrás quedaba El Paso con sus edificios largos, sus moles de concreto y luces, incrustado entre las montañas pardas, en la pátina arenosa del desierto.
Pero no era el regreso a Ciudad Juárez lo que más les atormentaba.
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A sus espaldas, del otro lado del puente, no solo dejaban pospuesta la posibilidad de un sueño, la esperanza de otro futuro, el escape posible de las pandillas y la violencia que los hicieron huir de Santa Ana, en el occidente de El Salvador.
«Me quitaron a mi niño. Yo venía destrozada. No decía nada pero… me quitaron a mi bebé», cuenta Francisca, piel canela, caderas anchas y abultadas, voz tímida.
«Imagínate, nunca nos habíamos separado y ahí en Estados Unidos me lo quitaron».
Poco antes de que ellos fueran devueltos a México, Manuel*, que cumplió 18 años en mayo pasado, fue apartado de sus padres.
«Me dijeron que como ya tenía esa edad, no podía estar con nosotros como familia. No nos explicaron qué pasaría con él, solo se lo llevaron. Me llevaron a mi niño«.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) considera en sus estatutos que una «unidad familiar» de migrantes está formada únicamente por padres, tutores legales y menores de 18 años, aunque la mayoría de edad en muchos estados de la unión es 21.
Manuel fue enviado —al menos eso creen sus padres con más dudas que certezas— a algún centro de detención, ¿en algún lugar?, ¿en alguna ciudad?, ¿en algún estado distante?
«No nos dijeron a dónde lo llevaban, qué le iban a hacer. No hemos vuelto a hablar con él y van dos meses casi. Yo solo quisiera saber cómo está, si está comiendo, si se siente bien. Yo solo espero que esté bien, donde quiera que esté».
Cuando los llevaron de regreso, Leandro, Francisca y su hija menor atravesaron otra vez el pórtico de dos bocas al final del puente, una de las entradas más concurridas a uno de los lugares más peligrosos de México, a uno de los más violentos de la Tierra.
Crecida entre las dunas y los ocotillos, Ciudad Juárez parece existir solo por esos puentes que se alargan sobre el Bravo.
Son lo único que cruzan las alambradas de púas y las astas uniformes de acero, que, abajo, al lado del río, forman una barrera casi infranqueable entre un lado y otro.
Son una especie de venas largas y abiertas que bombean imparable el flujo vital de ida y vuelta de la ciudad, su cordón umbilical con Estados Unidos, otro mundo cercano y distante.
Para las más de 30.000 migrantes que han llegado este año hasta aquí, cruzarlos significaba muchas veces el fin de un largo viaje, la meta de una huida obligada, la persecución de un sueño o el escape de una pesadilla.
Pero desde hace meses, Ciudad Juárez se ha vuelto también una suerte de «pueblo embrujado» del que no hay posible escape: a los que llegan les cuesta salir y los que logran salir son regresados…
Leandro, Francisca y su hija tendrán que esperar aquí hasta octubre próximo, cuando una corte de Estados Unidos escuchará su caso de asilo.
«Mi hijo está preso. No sé en qué condiciones está. Y es triste, pero por lo menos sé que está en un lugar donde no lo van a robar, que no corre el peligro que mi niña, que nosotros, aquí, en Juárez», dice Leandro.
Bajo la política Migrants Protection Protocol del gobierno de Donald Trump, conocida popularmente como Remain in Mexico, cientos de migrantes son retornados cada día atres ciudades fronterizas de México para esperar a que se resuelvan sus casos de asilo en el otro lado.
Es un proceso que puede tardar pocas semanas o más de un año y, hasta este mes, Juárez ha recibido el mayor número de personas de vuelta: unos 8.000.
Analistas del Migration Policy Institute (MPI) —un think tank con sede en Washington— explican a BBC Mundo que no existe un criterio claro de por qué unos son devueltos a México y a otros los dejan en campamentos en EE.UU., aunque muchos temen que las condiciones en el lado mexicano sean peores que las que se han denunciado últimamente del lado de EE.UU.
De acuerdo con las bases de la política, negociadas entre la Casa Blanca y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México se compromete a ofrecer a los migrantes «todas las protecciones humanitarias apropiadas por la duración de su estancia«.
«Lo que está pasando es que muchos son devueltos a ciudades que están entre las más peligrosas de México, el gobierno federal mexicano no está aportando ayudas a los comunidades locales para lidiar con este problema y los migrantes terminan expuestos a peligros y condiciones bien extremos», afirma Ariel Ruiz, experto del MPI.
Organizaciones civiles aseguran que la política viola el debido proceso de los migrantes y los exponen a situaciones similares —o peores—a las que algunos vienen huyendo.
Diana Rodríguez, de la ONG Derechos Humanos Integrales en Acción, comenta a BBC Mundo que ha conllevado también a que la situación de los migrantes en Juárez se vuelva cada vez más delicada y muchos sean víctimas de extorsiones, abusos o secuestros.
«Cada vez son más difíciles las condiciones en las que están viviendo aquí. Es un tema que se nos ha ido de las manos y que, como están las cosas, solo puede empeorar», afirma.
Otras 4.000 personas siguen en una lista de espera para presentar su solicitud asilo en Estados Unidos, aunque en los últimos meses, la cifra de migrantes que arriban a Juárez ha caído notablemente.
Pero las estadísticas de la ciudad muestran que el número de los retornados a diario duplica ahora el promedio de los que llegaban en los peores días de la crisis migratoria.
Si en marzo y abril uno promedio de unos 100 migrantes se apuntaban cada día en la lista que les permitiría pasar ante la CBP, ahora unos 200 son regresados cada jornada de EE.UU. y expertos temen que el número aumente a unos 500 en las próximas semanas.
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