Antes de la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en contra del empresario Édgar Arias, cinco ciudadanos más y las personas jurídicas Diacelec S. A. y Conacero S. A., el Tribunal de Garantías Penales se excusó de seguir conociendo la causa.
Según lo indicado por los jueces, el Consejo de la Judicatura les habría notificado sobre el inicio de un sumario administrativo. Esto luego de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) pusiera una queja en su contra, porque al inicio de la audiencia de juzgamiento, el pasado 8 de julio, los jueces declararon abandonada la acusación particular, a pesar de que los procuradores judiciales de esa institución estuvieron presentes.
Sin embargo, no estuvo presente el director de la UAFE, Leopoldo Quirós Rumbea, quien no acudió a la audiencia de juicio a pesar de que la diligencia fue convocada con más de un mes de anticipación.
En ese momento, los delegados también intentaron pedir un receso para que comparezca Quirós, pero ya el tribunal presidido por el juez Coello había resuelto el abandono de la acusación particular.
Este jueves 5 de septiembre, el Tribunal consideró la vulnerabilidad del principio de imparcialidad, por lo que informaron sobre su excusa.
Diacelec y Conacero habrían sido utilizadas para la transferencia de recursos. El monto de lavado de activos en este caso es de 14.6 millones de dólares, explicó la fiscal Ivonne Proaño.
El total de los depósitos ingresados de la offshore Columbia a las empresas relacionadas con Diacelec habría sido de 47 millones. El dinero era retirado en efectivo y transportado por una empresa de envío blindado de valores a las oficinas de Odebrecht en Guayaquil y Quito.
Fuente: Expreso
