El exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, uno de los 26 procesados en el caso Sobornos 2012-2016, insiste en que se levanten las medidas que pesan en su contra.
Mera fue beneficiado de una decisión de dos de tres miembros de la sala Penal de la Corte Nacional, que le sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario, el uso de un grillete y la prohibición de salida del país.
Pero el exfuncionario quiere que solo se mantenga la prohibición de ausentarse del país. Esa posibilidad se conocerá este miércoles 18 de septiembre, cuando la jueza Daniella Camacho resuelva el pedido de revisión de medidas, solicitada por Mera el pasado 27 de agosto.
La diligencia, prevista para las 10:00 de ese día, se realizará en el mezzanine de la Corte. Antes de este recurso, Mera ya intentó que se le levante el arresto domiciliario a través del pago de una fianza; pero esa posibilidad le fue negada por la sala Penal de la Corte.
Mera fue detenido junto con la exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte. Estuvo preso por casi un mes. Además de Mera y Duarte, son investigados el expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, su exasesora, Laura Terán, exasistente de Martínez —ambas testigos protegidos de la Fiscalía— el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado, la asambleísta Viviana Bonilla, el exasambleísta Christian Viteri y empresarios contratistas del Estado, que supuestamente hicieron aportes a las campañas de Alianza PAIS entre 2012 y 2016.
Según los registros hallados en siete páginas de un cuaderno atribuido a Martínez que habría escrito, según ella, el año pasado y archivos hallados en la computadora de Terán, las empresas aportaron en efectivo y con cruce de cuentas para financiar los gastos que demandaban movilizaciones, camisetas, tarimas, sabatinas, refrigerios y otras necesidades de campaña.
Los señalados han negado las acusaciones. Está pendiente la fecha de una audiencia preparatoria de juicio solicitada por la fiscal Diana Salazar, quien declaró el cierre de la instrucción fiscal.
Los defensores mostraron su rechazo con escritos presentados ante Camacho, quien dio 48 horas para que señalen cuáles son las diligencias que quedaron pendientes de evacuar.
De antemano, la jueza recordó a la Fiscalía que la fecha del cierre era el 29 de septiembre y explicó las razones por las cuales puede concluir una instrucción fiscal.
Fuente: Expreso
