La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) instaló este viernes en Quito el denominado Parlamento Popular, que busca consensuar un modelo económico distinto al plan de ajustes aplicado por el Gobierno, que desató las duras protestas de principios de octubre.
Unos 400 delegados de diferentes organizaciones de la sociedad civil acudieron a la reunión que se desarrolló en la sede de la Conaie en Quito y que fue inaugurado por el máximo líder de esa confederación, Jaime Vargas.
El encuentro permitirá “trabajar, discutir y debatir” sobre un “un nuevo modelo económico para nuestro país”, aseguró Vargas al dar inicio a la cita, cuyas conclusiones serán difundida en los próximos días.
Agregó que el llamado Parlamento Popular pretende elaborar una propuesta alternativa al modelo económico aplicado por el Gobierno y que se sustenta en las medidas de ajuste que detonaron las protestas sociales.
La Conaie convocó en los primeros días de octubre a un ciclo de protestas contra el “paquetazo” de medidas económicas anunciadas por el Gobierno y que incluían la eliminación del subsidio a las gasolinas y su consecuente encarecimiento.
Esas medidas, junto a otras reformas laborales, fiscales y tributarias, formaban parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno en un acuerdo crediticio por 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las manifestaciones, que se concentraron en el centro de Quito y que duraron diez días, concluyeron el 13 de octubre con la derogación del decreto sobre la eliminación del subsidio a los carburantes y con un saldo de ocho personas muertas, 1.300 heridas y un millar de detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
Las protestas concluyeron con el inicio de un proceso de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena, auspiciado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas en Quito.
Este miércoles, la Conaie reveló que ese proceso de diálogo se había suspendido debido a la aparente “persecución” emprendida por el Gobierno contra los líderes de la protesta, incluido Jaime Vargas quien está sometido a una indagación fiscal por presunta “rebelión”.
El grupo indígena resolvió mantener el nexo con la oficina de Naciones Unidas en Quito, pero exigió al Gobierno garantías sobre el respeto a los derechos humanos y que asuma su responsabilidad por el “uso excesivo de la fuerza” durante las protestas.
Fuente: El Mercurio
