Alrededor de 1.300 empleados que trabajan para la Contraloría en Quito se encuentran distribuidos en unas doce instituciones públicas, hasta que se defina qué pasará con el edificio del organismo de control.
Esas instalaciones fueron saqueadas e incendiadas el 12 de octubre pasado, durante las protestas en contra de las medidas económicas del Gobierno Nacional. Alrededor de 30 personas fueron detenidas por esos hechos para investigaciones.
El contralor subrogante Pablo Celi informó este lunes que existen dos informes del Cuerpo de Bomberos: el primero concluye que el incendio fue provocado y el segundo recomienda que se realice un estudio de estructuras para determinar si el inmueble puede ser rehabilitado o demolido.
No obstante, la situación legal y financiera está por verse, pues a la par que se estudian los informes de bomberos, el organismo se encuentra en conversaciones con Seguros La Unión, firma con la que se firmó la póliza.
Al ser preguntado por la prensa al respecto, Celi prefirió no dar detalles de la cobertura del seguro ni de los detalles financieros.
El contralor dio estas declaraciones durante una visita de constatación de daños, junto a funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes se encuentran en el país para conocer de primera mano los testimonios de los hechos de violencia ocurridos a inicios de este mes.
Fuente: El Universo
