Una vez que la Fiscalía habría encontrado elementos de convicción suficientes para identificar responsabilidades en el delito de rebelión del secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana (RC) y exasambleísta de Alianza PAIS, Virgilio Hernández, el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, determinó para el 5 de noviembre próximo una audiencia de vinculación al proceso en el que ya es investigada la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; su colaborador Christian G. y Pablo D.
En este caso existe al momento abierta una instrucción fiscal de 90 días en la que Pabón y Christian G. mantienen una orden de prisión preventiva, mientras que Pablo D. debe presentarse una vez por semana ante la autoridad competente y tiene prohibición de salida del país.
Desde el 15 de octubre pasado, la prefecta Pabón está ingresada en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en Latacunga; mientras que Christian G. fue llevado al Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca, en Quito.
La Fiscalía investiga la participación de estas tres personas en actos que supuestamente promovieron y ayudaron a generar actos violentos durante los once días de protestas en la capital. Una de las hipótesis que se maneja es que con el caos existente en las calles lo que se buscaba es desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno.
El fiscal Provincial de Pichincha, Alberto Santillán, fue quien solicitó la fecha para la diligencia en la que se vinculará a Hernández, exfuncionario del Gobierno actual quien mantenía una orden de detención con fines investigativos en esta causa, al igual que Luis Flores, esposo de la actual asambleísta de la RC, Gabriela Rivadeneira.
El Código Orgánico Integral Penal define en su artículo 336 a la rebelión como «la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia».
Propuso la Muerte Cruzada
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Santillán dijo que de los seguimientos e interceptaciones a Hernández a él se lo lee comunicándose con un interlocutor a quien lo identifica como Roberto, «quien dice que ya le pasa a la jefa y que está saliendo de una reunión que se dirige al sur y que pide reunirse en la Prefectura a las 15:00, que no se exponga».
En una carta en la que Hernández habla de los días de protestas y se refiere a la situación legal de Pabón y la suya propia, el exlegislador dice que en su caso se lo acusa de ‘golpista’ por haber dicho al siguiente día de la adopción de las medidas económicas, que el Gobierno tenía una disyuntiva: «Se cae el paquetazo o se cae el gobierno» y luego porque propuso la aplicación de la figura constitucional de la «Muerte Cruzada».
Hernández en su carta critica las evidencias existentes en su contra, pues cree que solo son publicaciones de Twitter y orientaciones a la militancia para que acompañe a la movilización indígena. Sobre este último punto, dice, todas las orientaciones estaban en el marco de la ley e incluso circulaban públicamente en redes sociales.
El exasambleísta pidió a las autoridades de justicia que dejen sin efecto la orden de detención con fines investigativos, pero ese pedido fue negado y en su lugar se lo llama a audiencia de vinculación que se dará a las 14:00 del 5 de noviembre próximo en la sala 6, del piso 3 de la Corte Provincial de Pichincha.
Se desconoce al momento el paradero de Virgilio Hernández.
Fuente: El Universo
